La imagen de la Infanta junto a la puerta de los juzgados forma parte ya de la iconografía española, con la pose de Tejero de improvisado e iracundo portavoz parlamentario, las manos unidas de Felipe y Alfonso en el alfeizar de la ventana de Ferraz la lejana noche del 28 de octubre de 1982, el gesto triunfante de Casillas alzando la copa en Johannesburgo, el braceo del Príncipe de abanderado olímpico, o los hierros retorcidos de los trenes de Atocha en la jornada del desconsuelo nacional. Si Antonio López tuviera tiempo y ganas, podría resguardarla del paso del tiempo, como sólo una obra maestra sabe proteger la historia frente a la amnesia colectiva. La declaración de Cristina de Borbón ante el juez Castro no se puede encasillar en el “caso Nóos”, ni es un capítulo anexo al drama de su esposo ni se ajusta al conocido patrón de famosos juzgados por asuntos de corrupción. O mejor, es todo eso y mucho más, porque supone el triunfo de la Justicia democrática sobre la más alta razón de Estado. El tabú, por excelencia. Una cosa es que la Infanta adopte voluntariamente comportamientos plebeyos –pagar las consumiciones en los bares, hacer cola con el carrito en una gran superficie, conducir el coche en que se desplaza- y otra que tenga que personarse ante el juez por la presunta comisión de dos delitos. La imagen carece de precedentes, por eso medios de comunicación del mundo entero vinieron a inmortalizarla.

La actuación de Cristina de Borbón se dividió en dos actos: el exterior y el interrogatorio. Pese al blindaje policial y el traslado en coche hasta la puerta de los juzgados, hay que reconocer que estuvo impecable. Interpretó el papel adecuado: persona inocente que va a resolver un trámite intrascendente en los juzgados. Ni asomo de nerviosismo ni sombra de culpabilidad. Sin sobreactuación, perfecto. El largo interrogatorio tuvo un curso circular para cerrar las preguntas con “no sé”, “no me consta”. El bufete de Roca había preparado una defensa modélica, que a tenor de las contestaciones de la imputada no parece que haya que cursar ni una sola asignatura de la carrera de Derecho para saber desplegarla. Largas horas de entrenamiento para apelar cientos de veces a la falta de conocimiento. Estoy seguro que Roca y asociados recurrieron a los monosílabos porque saben que la verdadera defensa, la que evita sentarse en el banquillo, corre a cuenta de la Fiscalía y la Abogacía del Estado.