El PP recela del bajo precio y la celeridad con que el Principado puso a la venta las acciones que tiene en la constructora Sedes, participada por Cajastur (40%) y Gobierno regional (60%). El valor de participación del Principado en los libros de la empresa es de 27 millones de euros, pero en enero se puso a la venta por 4,9 millones. La depreciación de Sedes responde a la tasación realizada por una empresa contratada al efecto, que tomó como referencia el precio de grandes sociedades del sector, al que aplicó un coeficiente reductor. En el expediente aparecen elementos contradictorios, ya que se pone a los hipotéticos compradores la condición de mantener el empleo, pero dentro de los 4,9 millones que se piden por adjudicar Sedes, 1,8 millones están destinados a compensar el coste por la indemnización de las plantillas. ¿Por qué hay que reservar dinero para indemnizar a trabajadores si no va a haber despidos? Por último, la empresa tasadora consideró que los activos de Sedes valen 70 millones.

Si un partido de la oposición plantea estas dudas y ofrece datos, lo que tiene que hacer la consejera, Belén Fernández, es desplazarse al Parlamento para aclarar todos los aspectos relacionados con la valoración y las condiciones de la venta. Uno de las cuestiones que ha causado mayor extrañeza es que se haya dado un plazo de veinte días para presentar ofertas. Con una sociedad que tiene muchos activos y una considerable carga de deudas, no es lógico que se conceda un tiempo tan reducido para decidir la compra y concretarla en un precio. Los diputados del PP, Emma Ramos y Cuervas-Mons, advierten de que en el caso de quedar desierta la subasta, el Principado puede adjudicarla directamente a cualquier empresa.

Después del accidentado curso que ha tenido Sedes en los últimos años, al comprar por 60 millones de euros gran parte del edificio del palacio de Calatrava, que iba a arrendar al Principado, para luego cambiar de planes y recibir como pago por el desembolso realizado unos inmuebles del Gobierno regional escasamente operativos de los que no logró sacar ningún fruto, no está la cosa como para que el Principado la venda a dedo. Sedes tiene un pasivo de 87 millones, que condiciona toda la operación. El Principado debe decirlo claramente y exponer las ventajas que se dan a los potenciales compradores para estimular la transacción. Esperemos que, por una vez, Belén Fernández actúe con transparencia.