El Principado desea que el nuevo modelo de financiación autonómica sirva para frenar la pugna por bajar los impuestos entre regiones. El Gobierno asturiano plantea que los cambios en la presión fiscal de cualquier comunidad influyan en los fondos que reciba del sistema de financiación. Estas ideas no son nuevas, ya las formulaba Javier Fernández como secretario general de la FSA, antes de presidir el Ejecutivo autónomo. La FSA fue muy crítica con la política fiscal que instauró Esperanza Aguirre, caracterizada por el progresivo descenso de la carga tributaria. La bajada de impuestos hace más atractivos los territorios para familias y empresas, lo que redunda en el resto de regiones, ya que personas físicas y sociedades mercantiles pueden cambiar de ubicación e instalarse en los territorios con un trato fiscal más benigno. Aunque no se haya explicitado, la propuesta del Principado consiste en disminuir el flujo de dinero hacia las regiones en la misma proporción que bajan su presión fiscal.

En un país federal –modelo territorial que quiere el PSOE para España- cada estado tiene libertad para bajar o subir impuestos sin que sea penalizado por ello. En la lógica del federalismo fiscal, está que cada territorio se responsabiliza de su cesta de impuestos y los ciudadanos juzgan con su voto las decisiones tomadas. Imponer el uniformismo tributario en todas las comunidades autónomas es lo mismo que si se les privase de libertad para gastar en lo que crean oportuno, debiendo asignar la misma cantidad de recursos para sanidad, educación, servicios sociales, etcétera. Va en contra de la esencia del sistema autonómico. No se puede poner puertas al campo y cada región es libre de establecer las exacciones que crea convenientes y gastar en lo que considere razonable. El Principado debería pensar que desde otras regiones también podrían proponer el planteamiento inverso: menos dinero de la bolsa común a las comunidades que tienen impuestos más altos (Cataluña, Asturias), porque ya se benefician bastante de las rentas personales y empresariales. Hay que crear un sistema neutro, que asegure la financiación mínima a cada región, y los gobernantes de ésta decidirán si además aumentan la presión fiscal o dan un respiro a los ciudadanos.

Sería interesante que se discutiera de esto en la Junta General del Principado para ver si todos los grupos piensan en clave socialista o hay discrepantes.