Estruendo de calderilla: el Tribunal de Justicia de la UE ha sentenciado que el “céntimo sanitario” choca con la normativa europea. Como el Gobierno de España pensaba que iba a perder el contencioso se blindó del fallo cambiando la naturaleza del tributo, para dejarlo en un mero recargo de la Ley de Hidrocarburos. Los céntimos se cobran, pero por vía ortodoxa. En la sentencia se especifica que las reclamaciones no se deben limitar en el tiempo, porque el Gobierno de España y la Generalitat “no obraron de buena fe”. ¿Por qué cita a la Generalitat? Porque en Cataluña, como en Asturias, los gobiernos autónomos implantaron el impuesto, de modo que los automovilistas al recargar el depósito del coche pagaban 2,4 céntimos por litro de gasoil para el Gobierno de Rajoy y 4 céntimos para el Gobierno de Javier Fernández (en el caso de Cataluña son 4,8 céntimos por litro para la Generalitat).

El Gobierno regional considera que ha ingresado 363 millones de euros y espera que la sentencia no repercuta en las arcas del Principado. El Ejecutivo autónomo exige al Ministerio de Hacienda que asuma las consecuencias de la decisión judicial. La petición a Montoro no pasa de ser un desahogo, porque el propio tribunal establece la responsabilidad compartida entre la Administración central y la autónoma. Si el Principado declara que se fió del Ministerio de Hacienda, el citado ministerio también puede decir que confió en la Comisión Europea, que dio el visto bueno al tributo. Aquí no hay ningún inocente, porque el céntimo sanitario es un perfecto ejemplo de la voracidad fiscal de las administraciones territoriales que consideran hecho imponible a cualquier actividad humana. El céntimo sanitario era una mentira porque no se circunscribía a financiar los servicios sanitarios (ni mucho menos a reparar los daños sociales y medioambientales derivados del consumo de hidrocarburos, como fija la sentencia) sino que consistía en una fuente de ingresos genérica que tanto servía para pagar medicinas como fiestas de pueblo. El Principado, región pionera en inventos fiscales, fue la segunda comunidad autónoma que lo adoptó, tras Madrid. Ya se sabe que somos paraíso natural e infierno fiscal.

Como todo mengua al cocer, la cantidad a devolver será muy pequeña porque hay que conservar las facturas y esa práctica sólo la siguen los transportistas profesionales. Para usted y para mí, triunfo simbólico.