La consejera de Educación ha reconocido que desvió dinero hacia el Museo de Bellas Artes, previamente asignado a centros escolares, y que en el mes de diciembre gastó más en obras y equipamiento de colegios que en los once meses anteriores. Ambas cuestiones las conocían ya los lectores de EL COMERCIO por informaciones publicadas desde mediados del pasado mes de enero. Ana González no lo confesó con ánimo contrito, sino orgullosa del logro alcanzado, porque son operaciones legales. No sabe que en política hay actuaciones censurables que no infringen la legalidad. Quitar dinero presupuestado para la Educación y destinarlo a museos puede contar con el visto bueno de los servicios de Intervención del Principado, pero para la ciudadanía constituye una sorpresa desagradable. Bastantes problemas acumula la gestión de la Educación como para asumir la tarea de financiar las actividades culturales, aunque sea de forma temporal. En cuanto al aguinaldo de Navidad recibido por una minoría de centros escolares, la consejera confirmó lo que durante meses había ocultado. La misma Consejería de Educación que anuncia a bombo y platillo cualquier gasto de poca monta, distribuye 6,4 millones de euros, con sigilo, entre un grupo de centros preseleccionados. Es evidente que una asignación de fondos tan arbitraria no convenía hacerla con luz y taquígrafos para que no hubiera constancia de agravios comparativos.

Ana González dice que en las actuaciones descritas no hubo improvisación. De sus palabras se desprende que la financiación cultural a cargo de fondos escolares se trata de una operación planificada e, igualmente, la concentración de gasto navideño en colegios corresponde a una ejemplar gestión de recursos. No le será fácil a la consejera poner otro ejemplo de maridaje entre fondos de cultura y educación, y será incapaz de encontrar otro curso escolar en que determinados colegios hayan recibido, en plenas vacaciones de Navidad, 60.000 euros para gastar en lo que juzguen oportuno.

La consejera presume de legalidad, pero no puede negar la opacidad. La realidad de sus actuaciones fue conocida gracias al empeño de Foro y PP, porque la primera vez que compareció en el Parlamento se salió por los cerros de Úbeda hablando de la autonomía de los centros. Ya nos quedó claro, todo es legal, como el desmadre de las listas de espera en la sanidad y el colapso del salario social.