En el documento de trabajo que envió el Principado al Ministerio de Hacienda sobre el nuevo modelo de financiación autonómica incluye la petición de reformar el mecanismo de dotación del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) para que contribuya a financiar de forma suficiente y significativa la inversión productiva en las comunidades autónomas más atrasadas. El Gobierno de Javier Fernández quiere que el FCI tenga más dinero y reparta sus recursos en función de la riqueza de las regiones.

Dos precisiones. El FCI no forma parte del modelo de financiación autonómica; el FCI es el único fondo de solidaridad con explícito respaldo constitucional al estar incluido en la Carta Magna. Reunía todas las condiciones para haber jugado otro papel dentro de la solidaridad territorial, pero poco a poco fue quedando como un recurso testimonial con muy escasa dotación. A partir de la última reforma del modelo de financiación, con el fuerte incremento de la participación de las comunidades autónomas en el porcentaje de recaudación de los tres principales impuestos estatales (IRPF, IVA e Impuestos Especiales –tabaco, hidrocarburos y alcohol-) y con la inclusión de cláusulas de obligada inversión en regiones (Cataluña, Andalucía) por la vía de las reformas de los estatutos de autonomía, el FCI está destinado a languidecer. La reivindicación del FCI, por parte de los partidos parlamentarios asturianos, es un bello deseo de imposible concreción.

El sistema de financiación no es un complicado jeroglífico contable que reputados especialistas en la materia perfeccionan y afinan, sino la concreción de la correlación de fuerzas entre comunidades autónomas y de estas con el Gobierno central. El sistema fue cambiando de fondos y mecanismos, y la gestión autonómica también se desvió de los iniciales cometidos. En la actualidad, los gobiernos autonómicos se hacen cargo de todo, esté o no dentro del marco de sus competencias, con algunas excepciones como todo lo que tiene que ver con la Defensa, el orden público y la Seguridad Social. Más que nunca los recursos del Estado y de las regiones se solapan. Actualizar el FCI estaría muy bien porque, entre otras cosas, podría exigirse a vascos y navarros que contribuyan al mismo, cosa que no sucede con los fondos del sistema de financiación, pero la petición llega tarde. La solidaridad regional tiene que venir del propio modelo de financiación.