El portavoz de Foro en el Ayuntamiento de Oviedo, Andrés Llavona, pide explicaciones al alcalde por la implicación de personal de su confianza en las conversaciones reveladas a través de las escuchas telefónicas del “caso Pokémon”. Llavona quiere saber qué relación existe entre el jefe de gabinete, Rodolfo Sánchez, y la empresa que ha contratado los servicios informáticos del Consistorio, ASAC Comunicaciones. El portavoz de Foro recuerda que esta empresa se vio implicada en el “caso Renedo”, porque su gerente cobró por trabajos no realizados. El portavoz de Foro quiere saber las incompatibilidades que lleva aparejado el cargo (Rodolfo Sánchez fue jefe de prensa con Gabino de Lorenzo y jefe de gabinete con Agustín Iglesias Caunedo) de Rodolfo Sánchez, ya que en las grabaciones resulta aparentemente nombrado por Joaquín Fernández, ex vicesecretario de comunicación del PP, en relación a la página web de la campaña electoral de Isabel Pérez-Espinosa, que se pagó por un precio de más de 24.000 euros, cuando valía 3.000. Joaquín Fernández, en conversación telefónica, dice que no quiere “que le carguen el muerto” y asevera que “eso lo autorizaron Rodolfo y compañía”. El ex secretario de comunicación del PP le dice a la diputada Carmen Maniega que “la deuda es con la empresa que lleva lo del Ayuntamiento de Oviedo”. Joaquín Fernández es muy explícito a través del teléfono: la diferencia entre más de 24.000 euros y 3.000 “no me la quedé yo”. En un correo a otro dirigente del PP le dice que la web “fue un capricho de Rodolfo”.

En lo tocante a los casos de corrupción los cargos públicos tienen que moverse en un doble plano, el puramente judicial y el político. Esa es la diferencia con un particular que en caso de ser descubierto en un chanchullo, se ciñe a las recomendaciones de su abogado. Esta pauta de comportamiento se incumple repetidamente en la España actual, cuando los cargos públicos guardan silencios válidos para su defensa legal, pero deletéreos para su imagen pública. No hace falta que Iglesias Caunedo ni Rodolfo Sánchez sean llamados por un juez a declarar, basta con que se publiquen las escuchas telefónicas en las que el Ayuntamiento de Oviedo y un inquietante “Rodolfo” salen nombrados, para que sea oportuno su comparecencia pública dando las explicaciones pertinentes.

La abstención que predice las encuestas se deben tanto a los robos obscenos, como a los silencios clamorosos.