Hay señales en el Parlamento de que el periodo de hibernación del Gobierno toca a su fin. Hasta para los más despistados es obvio que la primera luz de primavera baña la Naturaleza y la civilización. El Principado se despereza, toca hablar del crédito de 109 millones de euros con las fuerzas de la oposición. Algo es algo.

Todos los partidos son interlocutores válidos, menos Foro. Desde la Presidencia del Ejecutivo se ha dicho repetidamente que con el principal partido de la oposición no hay nada que hablar, porque es inútil tratar de llegar a acuerdos. Debe ser que hace un par de años, cuando el primer partido opositor era el PSOE, lo tenía muy fácil el gobierno de entonces para firmar pactos con los socialistas, que se aliaron con el PP para arrancarle las competencias sobre el sector público; claro que como era una estrategia de los “progresistas” el interés general salía reforzado. Descartado el principal partido, el PSOE pica en la puerta del resto de grupos para recabar su opinión sobre el destino que se debe dar al crédito extraordinario. Estamos a 13 de marzo, momento idóneo para empezar a hacer estiramientos. La Consejería de Hacienda baraja dos o tres cifras. El crédito tendrá un montante de 109 millones, de los que 63 irán destinados a inversión productiva y el resto a servicios públicos, siendo 23 de ellos para pagar el salario social. Esa es la fachada del crédito, pero cuando se aproxima uno al edificio se comprueba que bajo el rótulo de inversión productiva se contemplan cosas distintas como planes de empleo, dinero para investigación y desarrollo, etcétera. ¿Por qué tiene tanto interés el Gobierno de Javier Fernández en hinchar la cobertura de la inversión, cuando en el anterior ejercicio fue la cenicienta de las partidas presupuestarias? La respuesta es muy simple, porque el empresariado, y más en concreto, el sector de la construcción, está profundamente decepcionado con la inversión del Principado, pactada en la concertación y abandonada en la ejecución de las cuentas.

Las necesidades de los perceptores del salario social no se cubren con la suma del dinero de la prórroga y el del crédito extraordinario. Si a ello añadimos que habrá nuevos perceptores, el déficit es de 30 millones. Por esa razón no se logra afinar la milagrosa herramienta informática de la que habla Esther Díaz, y por eso motivo dimiten los directores generales. La “triada” es un mal de deportistas.