El próximo jueves habrá Consejo de Gobierno presidido por Guillermo Martínez, de modo que las imágenes de la reunión tendrán un interés añadido. Tras las elecciones autonómicas y municipales del 22 de mayo de 2011, Guillermo Martínez tomó en sus manos el bastón de mando del Ayuntamiento de Siero. Más tarde, por la vía de la moción de censura, fue desalojado del sillón de regidor, y luego entró a formar parte del Gobierno regional. Ahora, debido a la dolencia cardiaca de Javier Fernández, le toca asumir las funciones de presidente. En el consejo se aprobará la ley de endeudamiento destinada a pagar a los proveedores (157 millones de euros) y el crédito extraordinario que va a atender a los vencimientos de deuda, de 76 millones. Por último, se dará luz verde a otro crédito extraordinario de 109 millones que incluye las inversiones pedidas por el PP.

La operación preparada por el Gobierno tiene dos vertientes, la política y la económica. Los créditos van a llegar al Parlamento apadrinados por PSOE y PP, los grupos que han conformado el bipartidismo hegemónico en la etapa autonómica. Para gestionar la prórroga, Javier Fernández escogió como socio al PP; no lo digo por haber llegado al acuerdo con este grupo, sino porque al resto de partidos les dio una información limitada de los datos que obraban en su poder. La consejera de Hacienda se mostró dispuesta a recoger propuestas, cuando ya tenía perfilado el acuerdo con Mercedes Fernández. Un pacto de ese tipo lo propuso la líder del PP al Principado cuando estaba en discusión el presupuesto de 2014, pero entonces Javier Fernández lo rechazó tajantemente, poniendo como disculpa las abismales diferencias que hay entre la izquierda y la derecha. Tres meses más tarde, las mismas izquierda y derecha se ponen de acuerdo en las inversiones y la cobertura a los servicios públicos. El Gobierno regional intentará en el Parlamento sumar al acuerdo a IU, pero la postura más lógica de este grupo será la abstención o el rechazo, ya que las prioridades en los créditos son las del PP, no las de la izquierda. El Gobierno desairó a IU, al poner al PP por delante como socio preferente.

El destino de los 109 millones no coincide con las prioridades declaradas del Gobierno. Los servicios públicos necesitarán más dinero y las verdaderas inversiones productivas tienen escasa cobertura. A cambio están asegurados 27 votos, la “mayoría reforzada” de marras.