Los juristas asturianos consideran lógica la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) declarando ilegal el posicionamiento soberanista del Parlamento de Cataluña. Lograr el consenso entre las distintas sensibilidades de los magistrados del TC fue un trabajo arduo, por eso la sentencia hace una serie de consideraciones, sin duda muy respetables, sobre nuestro sistema político (no se basa en una “democracia militante”), para insistir en que el derecho a decidir no viola la Constitución, aunque para ser admitido hay que reformar el texto de la Constitución. Con obviedades tan obvias (permítaseme ponerme a la altura de los togados) se logró que los magistrados progresistas se sumaran a la declaración de ilegalidad sobre el posicionamiento de la Cámara catalana. Los dirigentes políticos asturianos también están de acuerdo con la sentencia, aunque piden una respuesta política. Esa es la cuestión.

El proceso iniciado por los catalanistas hacia la independencia no se para con una sentencia del TC, aunque sea un paso obligado para seguir el guión de la legalidad. Hace falta que Rajoy tome medidas contra un gobierno que trabaja en clave de transgredir el ordenamiento jurídico, con sus gestos, declaraciones y planes. En septiembre de 2012, el Ejecutivo de Artur Mas dio un salto cualitativo en su estrategia, dejando a un lado la vía estatutaria para orientarse hacia el soberanismo. El rechazo de Rajoy a transferir a la Generalitat el 100% de los tributos que recauda en Cataluña fue el detonante del conflicto. Artur Mas dice que no hay marcha atrás, y que en el próximo otoño habrá consulta popular. Ante este panorama, Rajoy lleva año y medio con la cabeza metida debajo del ala. Era fundamental haber tomado medidas de presión, como negar el acceso al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) a la Generalitat, mientras no dé muestras de lealtad al Estado. No se puede conceder crédito a un gobierno que quiere separarse del Estado. Sin los recursos de la FLA, la comunidad catalana quebraría, al tener cerradas las puertas de las instituciones financieras. Deben casi 60.000 millones de euros y no tienen posibilidad de renovar los créditos sin la ayuda de Madrid.

Los catalanes sólo oyen hablar de los beneficios de la independencia, porque Rajoy no hizo nada por mostrarles los inconvenientes. Cuanto más tarde el Gobierno en hacer frente al desafío independentista, más costoso será detener el proceso.