Todos los grupos parlamentarios, excepto el socialista, han aprobado una moción sobre Sedes en la que se solicita un informe al Gobierno regional sobre las actuaciones a realizar en la constructora, una vez que quedó desierta la primera subasta; en la moción se piden explicaciones sobre el ERE, que afecta a dos tercios largos de la plantilla, y se insta al Ejecutivo autónomo a aplicar la ley del sector público en el proceso de enajenación; hay que recordar que la ley del sector público exige la venta de la empresa manteniendo la nómina íntegra de trabajadores.

El Gobierno no apoya la moción ni tiene un plan viable para Sedes. Si hace un año era una empresa en pérdidas que podía privatizarse, ahora es una empresa en pérdidas sobre la que se ha desarrollado un proceso de venta fallido. No es fácil entender la gestión del Principado en la constructora. El objetivo de traspasarla a manos privadas es razonable, pero no han tenido en cuenta las condiciones de Sedes, con 87 millones de deuda. Si ya era difícil encontrar un comprador, llegó el Principado y añadió dos condiciones para hacer más ardua la tarea: un plazo mínimo para acudir a la subasta, 20 días, y la obligación de asumir el 100% de la plantilla, junto a los activos de la sociedad. Al final, el resultado fue el previsto: no se presentó ninguna oferta. Una vez producido el fiasco, el Principado tramitó un expediente de regulación de empleo, cuando esas cautelas había que haberlas tomado antes de redactar la ley de sector público. Llegados a este punto, el Gobierno asturiano puede optar por reabrir la subasta y quedar a la espera de que llegue el primer comprador para hacerse con la constructora, opción que no convence al Ejecutivo, o vender Sedes con nuevas condiciones, es decir, con la nómina de trabajadores menguada. Para llevar a cabo esta segunda alternativa es preciso contar con apoyo parlamentario y ayer quedó claro lo que piensan los grupos de la oposición sobre este asunto.

Cualquiera que siga los avatares de la Zalia, de Sogepsa o de Sedes, habrá observado que el déficit de gestión del Gobierno regional sobre el sector público es pavoroso. Por más que la ideología sea un corsé que impide valorar las alternativas con ecuanimidad, el verdadero problema está en la gestión. Ante un panorama tan negativo, el Principado puede permanecer inmóvil y esperar a retomar el expediente de Sedes en otoño, en condiciones peores que las actuales.