Los ayuntamientos incumplieron, generalmente, con su obligación de suministrar información contable a los órganos de control, actualmente la Sindicatura de Cuentas y antes el Tribunal de Cuentas. A principios de 2013 todavía había 27 consistorios que no habían entregado la contabilidad del año 2010. Los plazos administrativos se saltaron sistemáticamente, incluso por los ayuntamientos que más colaboraban con el Principado. Había datos, como la gestión de los gastos financiados por el Gobierno regional, que el 84% de los municipios no aportaba. Año y medio más tarde el panorama ha cambiado radicalmente, ya que sólo seis consistorios tiene pendiente aportar documentación sobre algunas deudas. La situación más irregular es la de Parres que lleva siete años sin dar información. San Martín del Rey Aurelio, Ponga, Amieva o Salas también tienen cuentas pendientes. La insistencia del Principado, el papel jugado por la Federación Asturiana de Concejos (FACC) y el hecho de que la Sindicatura de Cuentas ya pueda tomar medidas coercitivas ha influido para que los alcaldes cumplan sometiéndose a los controles legales.

Resaltado lo anterior, se pueden añadir más razones para que los entes locales hayan acabado por asumir sus compromisos con los órganos de control. En primer lugar, el simple paso del tiempo, como le ocurrió a las personas físicas y a las empresas con respecto a las obligaciones fiscales. Hoy nadie está dispuesto a hacer el papelón de Lola Flores por miedo a tener que cantar al día siguiente, “hoy no me puedo levantar”. Pero la verdadera clave del asunto está en otro sitio.

Al inicio de la crisis el déficit público se elevó como un cohete por las políticas de choque aplicadas por Zapatero. Aquellos “Plan E” que sirvieron para tirar a la basura 13.000 millones de euros, dejando el déficit en el 9,2% del PIB. Un ilustre economista los puso como ejemplo de “keynesianismo castizo”. Como había que buscar culpables se puso la mirada en los ayuntamientos; el descontrol y el mal gusto de algunos alcaldes sirvieron de coartada, aunque los verdaderos números rojos estaban en las comunidades autónomas. Como solución se redactó la Ley de Estabilidad Presupuestaria y a la hora de repartir cuotas de déficit, Montoro fijó los deberes más exigentes a los ayuntamientos, consecuencia de ello es que arrojan décimas de superávit. Curado el enfermo, no hay miedo a pasar control médico.