El Gobierno regional desoye las advertencias de los servicios jurídicos de la Junta General del Principado, manteniendo los créditos extraordinarios, tal como habían sido aprobados por la Cámara, que destinan 157 millones de euros para pagar las facturas libradas por proveedores y 109 millones para inversiones y gastos sociales. El letrado mayor instó a modificar ambas disposiciones para respetar la legalidad, pero el Principado se ha negado porque los cambios deberían ser por unanimidad de los grupos parlamentarios, tal como marca la ley, y al ver difícil alcanzar el consenso, los socialistas tiran por la calle de en medio y no atienden a las advertencias de los funcionarios encargados de velar por la legalidad. En lo único que tuvieron en cuenta el criterio del letrado mayor fue en retirar el crédito de 76 millones destinado a amortizar deuda, porque consideran que no es una actuación urgente, mientras que los pagos a proveedores, la inversión y los servicios sociales no admiten demora. Un argumento que no se compadece con la realidad de las partidas, ya que parte de los recursos va dedicada a actuaciones municipales perfectamente prescindibles, máxime en tiempos de austeridad.

El paso dado por el Gobierno es grave, porque todos sus actos tienen que ser escrupulosamente respetuosos con la legalidad. Si criterios de oportunidad o de conveniencia permiten orillar los procedimientos reglados, entraríamos de lleno en el campo de la discrecionalidad o de la arbitrariedad. El Gobierno de Asturias no puede proceder como el Ayuntamiento de Cudillero. Chirría ver al PP dando la cara por el Gobierno, cuando saben perfectamente que se trata de una chapuza que se podía haber evitado. Por su parte, Fernando Lastra, genio y figura, manifestó que la oposición no se había avenido a la opción señalada por el letrado al poner objeciones al acuerdo. El portavoz socialista es consciente de que la modificación de la ley tiene que hacerse por consenso, pero eso no significa que el resto de grupos parlamentarios tenga que respaldar la propuesta hecha de forma unilateral por el PSOE.

¿Cómo pudo la consejera de Hacienda enviar a la Cámara propuestas que chocan con la legalidad? Es impensable que los propios servicios jurídicos del Gobierno no se lo hubieran advertido. La chapuza sirve para poner en primer plano la coalición de gobierno, Fernández (Javier)-Fernández (Mercedes). El nuevo rodillo.