En las conclusiones sobre el control de las cuentas públicas del año 2012, la Sindicatura de Cuentas pide una ley que aporte transparencia a la gestión de los recursos económicos y garantice la estabilidad presupuestaria. Afirma que la nueva Ley de Transparencia y Buen Gobierno no asegura estos objetivos y que hay limitaciones legales para poder contrastar la eficacia y la eficiencia de la gestión económica de los entes con participación pública mayoritaria. Sobre las subvenciones, considera que tiene que haber un plan estratégico de seguimiento para reformarlas o anularlas en caso de desviarse de los objetivos marcados.

Con esas recomendaciones o críticas, la Sindicatura le pasa la patata caliente al Gobierno. Pide que haga reformas legales de una determinada forma para que todo el sector público quede bajo control. Siguiendo su ejemplo, podría también el Gobierno o la Junta General del Principado decirle al órgano fiscalizador cómo tendría que hacer el trabajo para obtener datos valiosos. Si miramos hacia atrás, la Sindicatura chocó en alguna ocasión con los servicios jurídicos de la Cámara y no hizo autocrítica. Es más, dentro de la propia institución se dio alguna circunstancia rocambolesca que sólo se puede atribuir a la obediencia o sintonía partidaria de alguno de sus miembros. Desde un órgano de control explicar al Parlamento cómo tiene que legislar es tan chocante como el comportamiento de algunos jueces que aprovechan la redacción de las sentencias para pontificar sobre lo divino y lo humano.

Pese a llevar una década de funcionamiento, la Sindicatura todavía está en la fase de asentamiento en la sociedad. Es preciso que la gente la vea como necesaria, cuando ya está el Tribunal de Cuentas para hacer esa tarea. El prestigio debe basarse en una acrisolada independencia y en el rigor de sus trabajos. Como ocurre con el órgano de gobierno de los jueces, la relación con el Parlamento es tan directa en la elección de los síndicos que bajo el argumento de estar bautizados por la voluntad popular se produce una real vinculación con la mayoría parlamentaria que acarrea negativas consecuencias. No es fácil encontrar otra forma de elección, pero la actual es altamente insatisfactoria porque ni el currículo que acompaña a los síndicos ni la dependencia de los políticos asegura que puedan hacer correctamente la función de fiscalizar su trabajo.