No puede empezar la campaña electoral para renovar el Parlamento de Estrasburgo sin que las instituciones asturianas tengan oficialmente en sus manos el informe de la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (Olaf) sobre las obras de ampliación de El Musel. No tiene sentido hablar de la Unión Europea sin que el Gobierno regional y la Junta General del Principado conozcan las conclusiones del citado organismo sobre el sobrecoste de la obra. Espigar discursos acerca de la influencia de la UE en nuestra región y no tener acceso al expediente europeo que más preocupa a los asturianos -sabiendo que en el mismo nos jugamos casi 250 millones de euros- es una contradicción insuperable. ¿Alguien puede suponer que en el caso de que los puertos de Barcelona o de Bilbao estuvieran envueltos en una situación semejante, las instituciones autonómicas de Cataluña y el País Vasco tuvieran vedado el acceso a los informes acusadores? Sencillamente, inimaginable.
INFORME VEDADO
Se sabe que el informe de la Olaf fue entregado al Ministerio de Hacienda y a Puertos del Estado, organismo dependiente del Ministerio de Fomento. Desde el Gobierno fue trasladado, posteriormente, a la Fiscalía. La consejera de Fomento lo ha reclamado sin éxito. La presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón fue llamada a Madrid, donde le explicaron lo que decía el informe pero regresó a Asturias sin portar una copia del mismo. Personas muy conocedoras de las interioridades de El Musel se inclinan a pensar que Rosa Aza lo tiene en su poder, pero prefiere no desvelarlo. De ser así, también lo conocería el Gobierno asturiano, responsable de nombrar a Rosa Aza presidenta del puerto. No obstante, como en esta tierra suceden cosas asombrosas, a lo mejor puede estar el informe en los cajones del despacho de Rosa Aza y no haberlo leído Javier Fernández. Absurdos mayores hemos visto en la política asturiana.
Para mayor escarnio, la ministra de Fomento, Ana Pastor, dijo que es muy grave lo que dice la Olaf. ¿Y no nos puede dar la primicia la señora ministra? ¿Qué es lo que es muy grave? ¿No es humillante que el Principado no tenga acceso a los papeles de la Olaf y que los burócratas de Puertos del Estado o la ministra del ramo lo sepan desde hace mucho tiempo?
Hace un año, presionado por los sindicatos, Javier Fernández contó que pedía muchas reuniones al Gobierno central con resultado adverso. Ante tamaña cerrazón, el presidente preguntó si querían que recurriera al desnudo integral, como método para hacerse oír. Es evidente que un gesto así, realizado por un presidente autonómico, tendría un efecto fulminante. No dudo de que aparecería el informe de la Olaf y, de paso, en todos los medios nacionales dejaría de ser un desconocido el presidente del Principado. Pero no es preciso realizar actuaciones tan audaces, basta con sustituir los correos privados y las manifestaciones insulsas de los miembros del gabinete por un posicionamiento nítidamente político: cuando se ha puesto de moda la transparencia en la Administración pública, el Ministerio de Fomento se niega a facilitar información al Principado sobre un asunto que atañe directamente a los intereses generales de la región. En lo tocante al respeto y dignidad institucional no se pueden hacer concesiones.
NEGOCIACIONES
Ahora parece que ha empezado la negociación entre la Comisión Europea y el Ministerio de Fomento con el informe de la Olaf sobre la mesa. Nos jugamos el mantenimiento de los fondos de cohesión, la financiación del puerto gijonés y algo aún más importante, como es el buen nombre de la región. Si las pesquisas de la Olaf fueran elevadas a categoría de versión oficial, Asturias, ante Europa, quedaría ubicada al mismo nivel que Andalucía. Y sin poder actuar las instituciones regionales en defensa propia. En estas circunstancias ponerse a dar mítines sobre el papel de Bruselas y la importancia de la Eurocámara es como para morirse de vergüenza.
¿Por qué es tan extremadamente prudente el Gobierno asturiano? ¿Por qué le vetan desde Madrid, con tanto desparpajo, el acceso al informe de la Olaf? Sólo hay una razón, la atípica mayoría parlamentaria en que se basa la gobernación de Asturias. Javier Fernández no puede echar un pulso a Mariano Rajoy porque naufragaría en las votaciones de la Junta General del Principado. Igualmente, a la líder del PP, Mercedes Fernández, tampoco le interesa presionar al presidente asturiano -mientras este cumpla con su parte del trato-, porque teme que la erosión de su figura facilite la alternativa de gobierno de Foro.
Interioridades de la política asturiana, prioridades de los aparatos de los partidos, pactos contra natura que se mantienen durante varias legislaturas, impiden que el Principado recurra a los instrumentos de defensa que tiene cualquier gobierno autonómico.
CAMBALACHE
Para disimular, Mercedes Fernández le pide a Javier Fernández un debate entre Salvador Garriga (PP) y Jonás Fernández (PSOE) sobre la UE. A su vez, Salvador Garriga, en una rueda de prensa, aconseja que el voto de los asturianos sea para el PP y el PSOE; y los jefes del socialismo asturiano proponen un debate entre cuatro partidos, sin participación de Foro. Este es el verdadero sobrecoste de la política asturiana que hipoteca el futuro de la región.