El Principado sólo ha obtenido 4,9 millones de euros del impuesto sobre la banca, pese a que esperaba ingresar 35,7 millones. La diferencia entre lo cobrado y lo presupuestado se debe a que gran parte de las entidades financieras han presentado recursos contencioso-administrativos contra el tributo, y una vez depositados los oportunos avales, están a la espera de lo que decidan los jueces. Sobre el meollo del asunto –el derecho que tienen las comunidades autónomas a establecer el impuesto- debe pronunciarse el Tribunal Constitucional y nada se sabe de ello.

Es difícil negar a los gobiernos autonómicos la potestad de fijar una tasa a la banca. Al Ministerio de Hacienda no le gustó la idea y utilizó un truco para congelar el tributo, al implantarlo con carácter nacional, pero con un tipo impositivo cero. Una medida muy desafortunada, que sólo pretendía obstaculizar las decisiones de algunas comunidades autónomas, como Asturias. Una actuación con apariencia de burla, porque no hay gobierno en el mundo que apruebe un tributo para no recaudar nada. Desde una perspectiva política fue un error garrafal, porque rompió la obligada lealtad que debe haber entre todas las administraciones, y cerró las puertas a la Generalitat, que con un gran déficit público y una deuda galopante quería que los bancos tributaran por los depósitos captados en su territorio.

En la actualidad, Cristóbal Montoro baraja otros criterios que se plasmarán en la anunciada reforma fiscal. En principio, el Gobierno central quiere que las autonomías tengan un gran margen de disposición para fijar los impuestos y que el Estado aporte menos al sistema de financiación territorial. Dentro de esa nueva filosofía los gobiernos regionales podrán gravar la riqueza que depositen los particulares y las empresas en los bancos. Dejando a un lado las cuestiones jurídicas, hay que dilucidar si a Asturias, como a Cataluña, Andalucía o Extremadura les conviene poner un impuesto a los bancos, habida cuenta de que las entidades financieras trasladarán la carga fiscal a los clientes. Negar la anterior premisa con el argumento de que se trata de una operación ilegal no añade nada al debate, porque en una sociedad de libre mercado es imposible impedir esa práctica. ¿Le interesa a Asturias, región conocida por la riqueza medioambiental y la presión fiscal, poner una tasa a los ricos (bancos) que pagarán los pobres?