En la propuesta del Gobierno de España a la Unión Europea para fijar los criterios de reparto de los fondos europeos se incluyen las políticas para hacer frente a la vejez y los efectos sociales que lleva aparejados. El Principado se encuentra encantado de que así sea, y recuerda que fue unos de los ejes establecidos por el grupo de regiones (Asturias, Galicia, Castilla y León, Aragón, Castilla-La Mancha y Extremadura) en el que participa.

El envejecimiento de la población es una de las características diferenciales de Europa, que sólo comparte con Japón. Se hablaba de ello hasta que estalló la crisis económica, dando paso a un cambio de prioridades: lucha contra el desempleo, reducción del déficit público, etcétera. Con la prima de riesgo reducida a dimensiones minúsculas y el crecimiento de la afiliación a la Seguridad Social, vuelven a emerger los problemas estructurales, como el fuerte aumento de la edad media de la población. Oficialmente la tercera edad lleva adheridos tres rasgos: la incapacidad para trabajar, el derecho a cobrar pensión y el incremento de la demanda de servicios sanitarios y sociales. En fría estadística: menos ingresos para el Estado y más gastos. El posible déficit de la Seguridad Social se arregla con la elevación de la edad de jubilación y la reducción de la remuneración de las clases pasivas. Una política dolorosa en la que ya fuimos introducidos por Rajoy. También se deben potenciar los planes privados de pensiones, que en algún país europeo son de obligada suscripción para los trabajadores.

Sin embargo, el incremento de las demandas sanitarias y sociales carece de respuesta. Nadie presenta una alternativa. Lo vemos en Asturias, territorio que sufre un envejecimiento paulatino. Se hacen trucos con las listas de espera de los hospitales, se incumplen los derechos de las personas dependientes, y el poder confía en que el voluntariado de las organizaciones confesionales remedie los problemas más graves de desatención al ciudadano que la Administración laica no resuelve. Las políticas hacia la tercera edad constituían una de las bolsas de trabajo del “plan Delors”, presentado hace veinte años a los ministros de economía y rechazado por voluntarista. Así seguimos. Bueno sería que las instancias europeas recuperen el debate, en vez de sentirse sublimes hablando de los derechos de los ciudadanos con la coral de la “Novena” de música de fondo.