Excelente noticia para Asturias. Los fondos mineros destinados a financiar infraestructuras, correspondientes al año 2011, van a llegar a nuestra región pese a los obstáculos levantados por el Gobierno del PP. El segundo Consejo de Ministros, presidido por Rajoy, decidió una de las primeras medidas de ahorro consistente en bloquear los fondos destinados a reactivar la actividad económica en las cuencas mineras. La disculpa puesta para desentenderse de los contratos firmados fue declarar que se encontraba ante una imposibilidad económica sobrevenida. Es muy difícil aceptar que no había dinero para las cuencas asturianas, pero sí lo había para otras muchas finalidades que requerían de más recursos. Si en la vida política hubiera un átomo de sinceridad, lo que tenía que haber manifestado el ministro de Industria es que con el cambio de Gobierno habían variado las prioridades, sin apelar a la falta de dinero. El Ejecutivo de Rajoy iniciaba así un giro en la política seguida por los gobiernos de Madrid con la minería del carbón. Cuatro meses más tarde vendría la política de mano dura, al resistirse a hacer concesiones a la larga huelga de las explotaciones mineras en la primavera y verano de 2012. La inflexibilidad del Gobierno fue vendida ante las autoridades europeas como un ejemplo de compromiso con la política de reducción del déficit, cuando en realidad era un gesto innecesario con un colectivo muy mermado por la práctica de las prejubilaciones.
El Gobierno de Álvarez-Cascos protestó ante la negativa a liberar los fondos mineros, y compareció voluntariamente en la Junta General del Principado para explicar que el Gobierno de Rajoy actuaba deslealmente con Asturias. Recurrió a uno de los mejores bufetes administrativistas de España, el de Luciano Parejo, y el 16 de abril de 2012 interpuso el contencioso. La sentencia fue favorable a los intereses de Asturias, y pese al recurso del Gobierno central, la Audiencia Nacional ha resuelto ahora que debe desembolsar los 213 millones de euros comprometidos en los convenios de los fondos mineros.
La sentencia libera una cantidad de dinero muy importante, no muy lejana al volumen total de inversiones del Principado durante todo un año. Y lo que es más importante, despeja el camino para que el Gobierno de Javier Fernández pueda reclamar los fondos mineros de los posteriores ejercicios, siguiendo la vía abierta por Cascos.