La secuencia de hechos acaecida tras anunciar don Juan Carlos de Borbón que abdica de la Corona se pueden resumir en una palabra: confusión. A ello han contribuido la respuesta de las instituciones, la actuación de los partidos políticos y los movimientos populares. Las Cortes Generales han comprendido que no tenían los deberes hechos y se pusieron a tramitar nada menos que una ley orgánica con la urgencia del que da el visto bueno al borrador de un reglamento. El Gobierno comunicó que estudiaba –también a toda velocidad- un modelo de blindaje legal para el monarca de forma que esté listo para usar cuando abandone el cargo.
Al parecer, según las sesudas mentes que toman asiento en la mesa del Consejo de Ministros, es necesario que don Juan Carlos de Borbón tenga algún tipo de fuero cuando deje la vida pública, porque en caso contrario puede pasar del trono al banquillo. Es increíble que se lance a los cuatro vientos un mensaje tan deletéreo para la imagen del Rey. Cualquiera ciudadano que medite sobre el asunto puede deducir que el blindaje legal no es necesario para los actos realizados durante el reinado, y en cuanto lo que la vida depare en el futuro es absurdo ponerse a especular. Si se le da algún tipo de aforamiento será por la costumbre que hay en España de otorgar protección al estamento político, pero no tiene características distintas a las de tantos personajes que han ocupado cargos en los distintos gobiernos. Entre los partidos, destaca el carajal organizado en la dirección del PSOE, con Odón Elorza y otros ilustres pidiendo el voto en conciencia para rechazar la ley orgánica que encauza la abdicación y dar así un apoyo emocional a la República.
En cuanto a las movilizaciones en la calle a favor de la causa republicana es preciso aclarar que España puede adoptar mañana cualquier forma política de Estado, pero siempre a través de la reforma de dos títulos de la Constitución, así que ya pueden irse preparando para sacar muchos votos en las elecciones generales de 2015. Cualquier tipo de atajo, que obvie la legalidad y pretenda colar por la puerta de atrás un referéndum sobre Monarquía y República, no sólo es ilegal, sino que arruina, de facto, la Constitución; dicho en pocas palabras: hacen un gran servicio a la democracia. Pocas veces como estos días para dejar claro que tenemos los españoles una veta anarquista, a la que se suma el intento onírico de volver a luchar contra Franco.