Una ola de republicanismo recorre España. Cogiendo el rábano por las hojas, aprovechan la abdicación del Rey para exigir un referéndum sobre la forma de Estado. Es un movimiento más emocional que racional, donde se juntan la nostalgia por la Segunda República (en muchos casos conocida a través de la tradición oral de padres y abuelos), la respuesta al malestar creado por la crisis económica, el deterioro generalizado de las instituciones españolas (Gobierno, Parlamento, partidos e Iglesia Católica están peor valorados, aún, que la propia Monarquía) y el plus de motivación que supone enfrentarse al Gobierno del PP. La propuesta choca con la Constitución, porque se puede pasar de Monarquía a República pero a través de un procedimiento reglado que está contenido en el artículo 168 de la Constitución (aprobación por dos tercios del Congreso de los Diputados y del Senado, disolución de las Cortes Generales y convocatoria electoral, nueva aprobación por dos tercios del Congreso y el Senado renovados, y referéndum de ratificación). Como se puede ver, nada que ver con el procedimiento que piden los partidos agrupados en la llamada Declaración del Ateneo (¡Cielos, Cayo Lara oficiando de Azaña!), que quieren imponer la República con un referéndum que no tiene en cuenta la legalidad, aunque lo más asombroso de la “Declaración” no es eso, sino que dan como argumento de peso que el 70% de los españoles no tuvo ocasión de votar la Constitución, ya que fue refrendada en 1978. Tampoco la mayoría de italianos, franceses o alemanes tuvieron ocasión de votar sus textos constitucionales y nadie exige consultas populares. Los ateneístas deben saber que si durante un cuarto de hora deja de tener vigencia la Constitución, la democracia pierde toda consistencia y queda al albur de los grupos de presión, como el constituido en el Ateneo de Madrid.

Por su parte, el Gobierno afirma que no cabe llevar al Rey a los tribunales por los actos realizados cuando era jefe de Estado. Tarde, mal y nunca, el Gobierno dice algo tan elemental como que los actos de un cargo público aforado no son revisables, porque no cabe retirar retrospectivamente el fuero. Pero durante 48 horas, el Gobierno y el entorno del Palacio de la Zarzuela pidieron urgentemente un nuevo blindaje para el ciudadano don Juan Carlos de Borbón, como si lo esperara la Policía Judicial con las esposas. Con amigos así, la demagogia republicana crece sola.