Lo que se conoce de la reforma fiscal sirve para entender que el Gobierno la lleva a cabo por réditos electorales. Optar por perder recursos cuando somos el único país de la Unión Europea en que los gastos corrientes (sin contar el capítulo de gastos financieros) superan a los ingresos va en contra de la lógica y de la prudencia. El Gobierno renuncia a ingresar 9.000 millones por la bajada de los tipos impositivos en el Impuesto sobre la Renta y el Impuesto de Sociedades, y considera que el impacto final sobre las cuentas será de 6.700 millones. Rajoy no se acoge al mantra de la derecha sobre el incremento de recursos que aporta el descenso de impuestos, y reconoce que hace un favor a los contribuyentes a cuenta de los intereses de Estado. El Ejecutivo subraya su intención al afirmar que cumple con el compromiso electoral de disminuir los tipos impositivos, aunque en este asunto realiza una pequeña trampa, porque la actual bajada es inferior a la subida de la primera mitad del mandato.
El principal instrumento de la reforma fiscal de Rajoy es el Impuesto sobre la Renta, el que tiene más influencia en la intención de voto. La mitad de este tributo va para las comunidades autónomas, así que hay que contar con ellas para aplicar la reforma. Como Montoro dijo que no restringirá la libertad de los gobiernos autonómicos (gravámenes y tramos del impuesto) para fijar este tributo, la apuesta del Gobierno consiste en ofrecer, a cambio, tributos medioambientales. Javier Fernández no lo ve claro y teme que los cambios en el IRPF comprometan la suficiencia recaudatoria de las regiones, afirmación fácil de compartir, porque también dañan los ingresos del Estado. En su momento, las subidas fiscales reforzaron los ingresos de las administraciones.
La discusión sobre la reforma fiscal se va a complicar extraordinariamente al relacionarla con la negociación del modelo de financiación autonómica. Madrid, Valencia y Cataluña, con más de 19 millones de habitantes, quieren abrir ya el melón del modelo de financiación regional. La idea inicial de Rajoy es que el Estado aporte menos dinero al sistema de financiación, concediendo a los gobiernos regionales mayor autonomía para establecer figuras fiscales propias. Esta estrategia favorece a las comunidades ricas y perjudica a las pobres que dependen más de los recursos del Estado. Si el Gobierno no pone más dinero será imposible el consenso.