El expediente de regulación de empleo (ERE) presentado por Sedes ha sido anulado por el juez al entender que no ha existido una negociación de la empresa con los trabajadores, ya que los responsables empresariales ocultaron a los sindicatos que la financiación del plan de negocio, atada con Liberbank, venía condicionada al despido de 38 empleados y la suspensión de contrato de otros 6, lo que convertía en un paripé la búsqueda de alternativas al ERE. El Gobierno socialista, del que depende de Sedes, tiene que soportar cómo el juez tilda de malicioso el proceso de negociación, al dejarlo convertido en un simulacro.

La historia de Sedes, como la de la Zalia o la de Sogepsa, forma parte de los grandes hitos de la gestión política de Belén Fernández, consejera de Fomento. La primera Ley de Sector Público de Javier Fernández pretendía la venta de Sedes con los 59 empleados de la plantilla. No debía tener mucha fe el Ejecutivo en lograrlo, porque creó la plaza de gerente en la Zalia (Belén Fernández no vende parcelas pero amplía las cargas de la zona logística con la nómina de la gerencia) que fue obtenida por uno de los trabajadores de Sedes. Por cierto, EL COMERCIO dio la primicia del mandato, anticipando quién ganaría el concurso.

Al no presentarse ninguna oferta de compra por las acciones de Sedes se puso en marcha el “plan B” del Principado consistente en mandar a la calle a tres cuartos de la plantilla, y con la financiación de Liberbank poner en marcha el plan de negocio. Sería interesante conocer en qué consiste realmente el plan de negocio de Sedes, porque a lo mejor se asemeja al de la Zalia: prolongar la vida de la empresa por el método de vivir de consumir un crédito, lo que genera un mayor volumen de deuda que obligará dentro de pocos años a una nueva renegociación bancaria que presentará la interesante ventaja de corresponderle a otro gobierno. Pelillos a la mar.

Sedes tiene un pasivo de 87 millones de euros. En los libros de contabilidad de la empresa la sociedad está valorada por 27 millones y se puso a la venta por cerca de 5 millones, sin encontrar comprador. Si estuviera en manos privadas, probablemente las gestiones irían encaminadas al cierre, pero como es del Principado tiene más vidas que el gato de las siete vidas. Las consideraciones económicas quedan a un lado cuando paga el contribuyente, así prima la valoración política: mantenerla abierta como un zombi.