Ante el Comité Ejecutivo Nacional del PP, Mariano Rajoy anunció la confección de una agenda sobre la mejora de la calidad de las instituciones, que tendrá como puntos fuertes el debate sobre un nuevo modo de elección de alcaldes y la discusión sobre los cargos públicos que deben ser aforados. Dentro de esa agenda queda abierta la cuestión de la reforma constitucional, a la que no cierra las puertas Rajoy siempre que se den unas premisas determinadas. A modo de introducción, digamos que las promesas de transparencia y calidad democrática crecen en la misma medida que aumenta la basura acumulada con nuevos casos de corrupción y comportamientos escandalosos. La respuesta de los gobiernos consiste en negar la realidad, y cuando es imposible hacerlo, optan por decir que son ajenos al depósito de inmundicias. Para entendernos: Bárcenas no estuvo en el PP, en Andalucía no se organizaron cursos de formación y el Instituto Nóos siempre se dedicó a temas de belleza.

El cambio en el modo de elección de alcaldes es una cuestión capital porque supone cambiar las reglas del juego. Es un asunto recurrente, que han planteado en distintas ocasiones socialistas y populares cuando están en los gobiernos. Se trata de que la elección de regidores tenga un carácter automático sin someterla a votación del Pleno del Ayuntamiento. El cabeza de la lista más votada quedará directamente convertido en alcalde. Este procedimiento tiene la ventaja de dar estabilidad a la Alcaldía, dejándola al margen de pactos artificiosos que en muchas ocasiones se agotan antes de acabar el mandato. La propuesta tiene un déficit democrático al imponer un alcalde al margen de la mayoría municipal. Ni que decir tiene que en caso de optar por este procedimiento hay que proceder a introducir más cambios legales, para que la aprobación de los presupuestos no quede bloqueada por el pleno. De esa forma aumentaría aún más el problema, ya que el alcalde y los presupuestos quedarían sustraídos a la voluntad de la Corporación. Para Rajoy supone una baza muy importante porque le permitiría retener alcaldías que tras los comicios pueden quedar en manos de coaliciones de la izquierda.

Impuesto el aforamiento exprés de don Juan Carlos de Borbón, el blindaje de los cargos públicos puede discutirse. Reducir el número de aforados será tan bien recibido como el recorte de diputados o la rebaja de sueldos. Son los signos de los tiempos.