Tras meditar durante largos meses lo que hay que hacer con la ley de reforma local, el Principado ha aprobado un decreto-ley que busca mantener la actual situación. Ni se moja asumiendo competencias impropias de los ayuntamientos ni tampoco explicita nítidamente las que corresponden a estos. La Federación Asturiana de Concejos (FACC) quería que el Principado hiciera una norma propia, como Galicia o Castilla y León, pero prefirió optar por una solución menos comprometida tirando de decreto para dejar las cosas como están. El Ejecutivo asturiano compagina su estrategia conservadora con la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma local de Rajoy por invasión de competencias.

El decreto tiene por finalidad garantizar la continuidad de los servicios que prestan los consistorios. Consolidar el actual statu quo. En las áreas que no son competencia de los ayuntamientos ni sobre ellas hay delegación expresa del Principado se plantean dos condiciones para que sigan gestionadas desde los municipios: que sean financieramente sostenibles y que no haya duplicidad de funciones. El resultado final es que se prolongarán los convenios (Principado-ayuntamientos) que regulan la gestión de las prestaciones. Dada la filosofía del decreto dudo que aparezcan muchos casos de insostenibilidad financiera en la prestación de servicios porque revertirían al Principado, y como el Gobierno central no acompañó la ley de reforma local con un paquete de recursos económicos, el Ejecutivo autonómico pasaría del superávit al déficit. Es mucho más caro asumir la gestión íntegra de un servicio que presta un ayuntamiento, que compensar al municipio con una pequeña ayuda para que siga en sus manos. Presumo que se maquillará la situación.

En el año 2015, tal como se contempla en la ley de reforma local, la educación (mantenimiento de centros) y los servicios sociales deben ser revertidos al Principado. El Gobierno asturiano no está en condiciones de recibir esa carga. No hace falta revisar la contabilidad de las administraciones porque hay cosas que entran por los ojos: el Ayuntamiento de Gijón amplía en seis meses (de los 18 meses actuales hasta los 24) las ayudas de urgente necesidad (más de 600 euros por unidad familiar), en vista de que el Gobierno regional dilata hasta la desesperación el pago del salario social. La insostenibilidad más insoportable es la insolvencia.