Una de las cuestiones más importantes en la agenda de Mariano Rajoy es la reforma del modelo de financiación autonómica. La solución racional al desafío de Artur Mas llegará por un cambio en la financiación de Cataluña, que traerá como consecuencia una alteración del modelo global de financiación territorial. En caso de no alcanzarse un acuerdo negociado por esa vía el enfrentamiento entre el Gobierno de España y la Generalitat se resolverá por la imposición de una de las partes. O se busca un punto de encuentro o debemos estar abiertos a todos los escenarios. Curiosamente, la demanda de un nuevo sistema de financiación no la plantean ahora los catalanes, aunque estuvo en el origen del conflicto, sino el resto de gobiernos regionales que están insatisfechos con la relación que hay entre los recursos que reciben y las competencias que gestionan.

Javier Fernández y Susana Díaz mantuvieron posturas opuestas en la solución dada a la crisis socialista, tras la dimisión de Rubalcaba, pero coinciden en pedir que el cambio de modelo de financiación territorial se aborde en la Conferencia de Presidentes. En la cumbre del año 2012, Javier Fernández tuvo un papel destacado al enfrentarse a Griñán, entonces presidente andaluz, sobre la reforma o revisión del actual modelo. En esta ocasión, los máximos responsables de las comunidades autónomas asturiana y andaluza están de acuerdo en el marco donde debe producirse el debate.

La Conferencia de Presidentes aporta dos ventajas: debate entre todas las partes afectadas, sin exclusiones, y al más alto nivel de representación. En un marco así no cabe, ni remotamente, llegar a un acuerdo detallado, pero sí se pueden consensuar unos puntos mínimos que condicionen la negociación posterior entre el Gobierno y los consejeros de Hacienda de las comunidades autónomas. Pese a ello, podemos afirmar que la petición de los dos únicos presidentes socialistas va a ser ignorada. La Generalitat no debate sobre repartos de dinero en una mesa multilateral. Esa pauta ya la impuso en la negociación del actual modelo al que se llegó por un acuerdo bilateral, Gobierno-Cataluña, que se trasladó al sistema general. Rajoy tampoco quiere una mesa abierta, porque necesita contar con un amplio margen para negociar con la Generalitat. La oferta de Rajoy a Cataluña será muy dañina para las regiones pobres mientras no crezca la economía y pueda el Estado aportar más recursos.