Se presentan las balanzas fiscales de las comunidades autónomas, un trabajo encargado por el Gobierno al CSIC y a Fedea. En el índice de financiación por habitante Asturias se sitúa en torno al 107%, considerando que el 100% es la media estatal. Somos la sexta región con mayor financiación “per capita”, por detrás de La Rioja (roza el 120%), Cantabria, Extremadura, Castilla y León, y Aragón. En el extremo opuesto está Valencia, como territorio que recibe menos recursos, en torno al 90%.
La publicación de las balanzas fiscales fue una exigencia de partidos políticos y fuerzas sociales catalanas, desde hace al menos quince años. La teoría del agravio, formulada por los grupos catalanistas, que dio paso a la consigna “España nos roba”, se basó en estudios sesgados sobre balanzas fiscales. El trabajo coordinado por el profesor Ángel de la Fuente, profesor independiente donde los haya (la independencia se demuestra con hechos y De la Fuente es un miembro del comité de sabios que asesora a Javier Fernández y realiza frecuentes declaraciones contradiciendo las pautas de Gobierno del Principado), pone las cosas en su justo punto: Cataluña obtiene el 99,6% de financiación por habitante, lo que deja el agravio, o el “robo”, reducido a escala decimal. Aun así el debate sobre las balanzas no va a terminar porque para unos, por ejemplo, la línea de AVE entre Madrid y Cataluña favorece a estas dos regiones, y para otros la inversión también debe computar en los territorios por donde pasa el tren.
Se supone que la publicación de las balanzas fiscales iba a abrir la puerta a la negociación de un nuevo sistema de financiación autonómica que se implantaría sobre bases objetivas. Montoro quiere dilatar ese proceso hasta que se consolide la recuperación económica, porque un nuevo sistema no se podrá acordar mientras el Estado no tenga más dinero para repartir. El actual modelo fue aprobado cuando el Gobierno de Zapatero puso sobre la mesa la cantidad extra de 11.000 millones de euros. Los deseos del ministro de Hacienda van a chocar con las urgencias catalanas. De la Fuente propone un cambio de interlocutores en la negociación, sustituyendo a los consejeros de Hacienda de las comunidades por los dirigentes de los partidos políticos nacionales. Una iniciativa imposible de llevar a cabo porque hace ya mucho tiempo que las cuentas de las autonomías desbordaron al Parlamento.