El Gobierno ha dado a conocer los datos presupuestarios de las comunidades autónomas. El País Vasco es la que tiene un déficit público más bajo, del 0,11% sobre el PIB, seguido por Valencia, 0,16% y Asturias, 0,17%. El desfase entre gastos e ingresos del Principado fue de 37 millones. No se puede decir que a final de año se pueda esperar un déficit que duplique el registrado a 30 de junio, porque en los últimos meses del año se acumulan muchos pagos en todas las administraciones, pero es evidente que el Gobierno regional podrá cumplir sin grandes esfuerzos con el tope de déficit fijado para 2014 que está establecido en el 1% del PIB.
El control presupuestario es indispensable para progresar los próximos años. Asturias no está en condiciones de marcar las reglas del juego. El Gobierno de España tampoco puede hacerlo. La Comisión Europea y el Banco Central Europeo imponen unas normas que no nos las podemos saltar. Se puede criticar mucho a Ángela Merkel, pero mientras no haya una mayoría alternativa en la UE no queda otro remedio que seguir las pautas dictadas por los que mandan. El problema del déficit público es su traslación a la deuda. En el año 2008, cuando llegó la crisis económica a España, Asturias tenía 770 millones de deuda. Como aumentaba el paro de una forma pavorosa, Zapatero puso en marcha los “planes E”, con gran alborozo de los ayuntamientos, y en año 2011 teníamos más paro todavía y una deuda de 2.155 millones. Triplicamos la deuda y se disparó la carga financiera. Como no se tomaron medidas estructurales de ajuste, al terminar el pasado ejercicio, nuestra deuda estaba en los 3.052 millones. Dejando a un lado el gasto en educación y sanidad, no hay otro capítulo que nos resulte tan caro como pagar intereses bancarios. No creo que sea muy progresista pagar impuestos para entregar el dinero recaudado a las entidades de crédito. Tampoco es muy racional. El aumento del endeudamiento se puede relativizar cuando crece con fuerza la economía, pero no es nuestro caso: Asturias fue la región que más riqueza perdió durante la crisis económica y la que más decreció en el 2013.
El Principado hace bien en vigilar con los dos ojos la evolución del déficit público. No debería declarar barra libre para el gasto las últimas semanas del ejercicio, como hizo de forma subrepticia en 2013. Ahora bien, controlar el déficit no es sinónimo de retrasar los pagos necesarios, sino de cerrar chiringuitos.