En las reuniones del Consejo de Política Fiscal y Financiera se sigue una doble pauta: los asuntos candentes se posponen y las ocurrencias de los consejeros autonómicos se rechazan. La norma fue seguida en la reunión mantenida ayer. En las semanas previas, el Ministerio de Hacienda había solicitado ideas a los gobiernos autonómicos para mejorar la política contra el déficit público. Desde las regiones se enviaron algunas propuestas novedosas y rupturistas, como privatizar servicios públicos o incrementar los copagos de los usuarios, pero la cuestión no quedó incluida en el orden del día pese a la escandalera que levantó. En el capítulo de humoradas, los consejeros de Hacienda solicitaron que la rebaja de tres décimas del déficit del Estado, del 5,8% al 5,3%, se entregara a las comunidades autónomas, para elevar su techo de déficit del 1% al 1,3%. Es decir, la Administración central se aprieta el cinturón para que las administraciones regionales aflojen las cinchas del gasto. Una propuesta entre infantil y ridícula, que sólo puede salir de mentes estultas. Cristóbal Montoro no empleó mucho tiempo en rechazarla. El ministro de Hacienda impuso el criterio del Gobierno de fijar el límite del déficit en 2015 al 1% del PIB. Votaron en contra Asturias, Andalucía y Canarias. Las tres querían más déficit, aunque Asturias nunca lo necesita porque el Principado es más intransigente con los desfases de gasto que el propio Montoro. La Comunidad Valenciana se abstuvo, porque pedía que en vez de establecer un mismo techo de déficit para todas, se hiciera como el pasado año, con el déficit a la carta: manga ancha para unos y estrecha para otros. Montoro tampoco hizo caso a la ocurrencia valenciana.

Frente a lo que cabría pensar, Montoro no es un ministro exigente. Al contrario, anuncia suspensos generalizados y aprueba siempre a todas las comunidades. Ejemplo de ello son las nuevas reglas que va a implantar en el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), al dar una prórroga para el pago de intereses que no hay banco que la conceda a los particulares. Con la elástica medida del Gobierno, Asturias se va a ahorrar 31 millones de euros en intereses. No entiendo cómo el Principado emplea largos meses en reflexionar si acude al FLA o a las entidades de crédito para financiarse. Quizás porque el Gobierno de Javier Fernández necesita siempre mucho tiempo para tomar cualquier decisión, aunque sea obvia.