Las sedes del Principado en Bruselas y Madrid, compradas por el Gobierno de Álvarez Areces, trata de venderlas el Ejecutivo de Javier Fernández, desde el principio de su mandato, con nulo éxito. Álvarez-Cascos también intentó desprenderse de ellas, pero no lo logró. En la primera orden de venta estaban valoradas en 29 millones, luego se intentó colocarlas en el mercado con una rebaja de cinco millones, sin que nadie se interesara por ellas, y en la actualidad el precio es un 15% inferior, pero nadie llama por teléfono. Una cosa es que no se vendan y otra muy distinta es que no jueguen un papel para el Principado, que las trasladó al presupuesto de 2013 como un ingreso del ejercicio para equilibrar las cuentas. Un ingreso irreal para unos presupuestos que se presentaron como reales, y así los aprobaron los socios parlamentarios y recibieron el visto bueno de Cristóbal Montoro cuando validó el plan económico financiero de la región.

Las sedes asturianas son conocidas como las “embajadas” a imagen y semejanza de las verdaderas embajadas que pretende tener Cataluña por medio mundo. De esa forma nacen ya sentenciadas en el debate político. Venderlas supone hacerse con unos ingresos, pero tan importante como ello es el mensaje político que lleva asociado la operación: fin de la época del despilfarro y la megalomanía. Ahora hay un Gobierno austero que rompe con esas prácticas.

Por alguna información que poseo la sede de Madrid se compró asociada a una operación de venta de dos pisos que tenía el Principado en la capital desde la época de Pedro de Silva, y resultó muy beneficiosa desde el punto de vista económico. En la actualidad cualquier propietario de un inmueble se lo piensa dos veces antes de ponerlo a la venta, a no ser que esté en unas circunstancias tan desesperadas que acepte asumir minusvalías. El Gobierno socialista busca una solución ganadora desde todas las perspectivas: cortar con la política de las “embajadas”, ganar dinero y cuadrar el presupuesto, pero hasta el momento las dos sedes sólo sirven para nivelar ficticiamente las cuentas, y por eso los grupos de la oposición critican la teórica venta. Lo más correcto sería no precipitarse, esperar a que repunte el mercado inmobiliario y decidir. ¿Está seguro el Gobierno regional que no le interesa tener abiertas oficinas en las dos ciudades que nos proveen de fondos? Puestos a ser austeros, mejor cerrar los chiringuitos.