Hasta en Francia, la patria del sector público, el bosque de la Administración va a sufrir una tala curativa. En otros países europeos la reducción de organismos autónomos, de empresas de titularidad estatal, de fundaciones y sociedades de nombre complicado, es una política habitual desde que se inició la crisis económica. En nuestro país, Zapatero, que era un político soñador y nada liberal (cuando un gobernante sueña con un paraíso siempre recrea una escenario intervencionista donde nos hace favores a todos), planificó en el año 2010 una reducción de la Administración. El 10 de mayo de aquel año, en plena cumbre europea, los jefes del cotarro le pusieron una pistola sobre la cabeza y el presidente socialista dio los primeros pasos en la dirección correcta suprimiendo una paga extra de los funcionarios y planificando una poda en la fronda autonómica. Murcia tenía 101 entes públicos y conservará 45; en Navarra se pasará de 101 a 65; en Castilla León, de 84 a 56. El Principado tenía 84 entes públicos, en mayo de 2010, y ahora conserva 76. Como se puede ver, el paraíso asturiano sobrevive a cualquier amenaza.

Javier Fernández empezó a gobernar en el mes de mayo de 2012, y cuando se le planteó en la Junta General del Principado la necesaria disminución del número de empresas públicas, replicó que en el caso de Asturias el tamaño ya era reducido. Imagino que nuestro presidente pensará que hace quince años la Administración autonómica estaba anoréxica, porque el crecimiento de oficinas fue una moda de los años de bonanza. Dando por inevitable que una mayor recaudación fiscal conlleva un crecimiento de la estructura de la Administración, habría que aceptar que cuando los ingresos caen en picado toca cerrar organismos y vender edificios, porque los ciudadanos no merecen ser sometidos a subidas generalizadas de impuestos para financiar el mantenimiento de fincas y jornales de gente especializada en producir papeles con membrete oficial.

No sé donde habrá leído la nomenklatura del socialismo asturiano que la respuesta a la crisis económica pasa por reducir la inversión productiva, diferir las prestaciones sociales, y subir los impuestos para mantener la burocracia. Comprendo que el sector público está lleno de amigos, pero no se puede mantener a los amigos con el dinero de terceros. Ni se puede gobernar una región con el único objetivo de pagar las nóminas de la Administración.