Dentro de las abrumadoras deudas de la economía española (más de un billón de euros) se inscribe la creciente escalada de endeudamiento del Principado. Cuando Asturias se adentró en la crisis económica teníamos una deuda de 770 millones, y en la actualidad la cifra se ha elevado hasta los 3.042. En términos proporcionales, la deuda asturiana ha crecido a un mayor ritmo que la española. A ello ha contribuido la etapa de política expansiva, entre 2009 y 2011, cuando se aplicaron unas políticas de aumento de gasto en plena caída de la recaudación fiscal: crecía el gasto sin dinero para financiarlo, pero se tiraba de deuda. Se dirá que esto ocurrió en toda España, basta recordar los “planes E” de Zapatero (13.000 millones de euros derrochados a lo loco, tras inventariar las ocurrencias de los más de 8.000 alcaldes de la nación), pero en nuestra región se dieron circunstancias específicas, con los gobiernos de coalición de la izquierda, en los que IU ponía como condición para acordar los presupuestos elevar el techo de gasto: cada año se gastaba más, aunque se recaudaba menos. En los últimos ejercicios la deuda ha seguido creciendo, porque el Principado no ha sabido adecuar el tamaño de la Administración a los parámetros de la recesión.

En gran medida el mal ya está hecho y ahora procede hacer un análisis realista. Entre 2015 y 2017 vencen 1.100 millones de deuda, que tendremos que devolver o refinanciar. Se trata de cantidades superiores a las de los anteriores ejercicios. A ello se suma el pago de intereses financieros, que vienen a ser el cuarto compromiso de gasto del Principado, por detrás de la sanidad, la educación y los servicios sociales. Las devoluciones de deuda y el pago de intereses suponen una verdadera hipoteca para los asturianos, porque esa elevada cantidad de dinero, que no bajará en conjunto de los 500 millones de euros anuales a lo largo del próximo trienio, se tendrá que detraer de la inversión y el gasto social. No creo que sea posible aplicar la fácil solución de recurrir a nuevos créditos, porque la economía española no podrá asumir las alegrías y holguras del pasado.

Sobre la cuestión de la deuda debería realizarse un debate sosegado en la Junta General del Principado, sin tics partidistas y con las miras puestas en el bien general de la región. Un debate en el que esté prohibido decir que otras comunidades están peor que nosotros, porque así no se evitará el naufragio.