Los grupos parlamentarios negocian un acuerdo sobre la Ley del Presidente, para presentarlo en la Junta General del Principado. De entrada apetece decir que nuestros diputados siempre están dispuestos a discutir sobre asuntos que no solucionan ninguno de los problemas que tienen planteados los asturianos. Cuando van más de dos tercios de legislatura, el debate más largo, intenso y prolijo tuvo que ver con las asignaciones económicas de los diputados, aquella irritante historia sobre las dietas de kilometraje y manutención, que servía para que nuestros representantes trabajaran, a efectos de paga, todos los domingos y fiestas de guardar, incluyendo el mes de agosto, las Navidades y los días de baja por enfermedad. En el Parlamento autonómico cualquier tema, por insulso que sea, es bueno para el debate con tal de no tratar las verdaderas razones por las que vamos en el furgón de cola del pelotón de las regiones. No hablo ya de pedir responsabilidades, porque el presidente dirá que es hacer demagogia.

Establecida la premisa general, digamos que en la Ley del Presidente hay asuntos que no aportan nada al interés general, pero otros tienen cierta relevancia, y uno de ellos, en concreto, es fundamental. Me refiero a facultar a los diputados para votar “no” al candidato a presidente en la sesión de investidura. La regulación de la investidura del presidente, en el Principado, es un disparate mayúsculo y una excepción en el contexto de los usos parlamentarios. Resulta que en la decisión más importante que tienen ante sí los diputados sólo pueden votar a favor o abstenerse, porque no tienen derecho a rechazar al candidato a presidente. Desde hace más de treinta años, en la primera votación se exige la mayoría absoluta de la Cámara para ser elegido presidente, pero en caso de no contar con ella, basta con que en la segunda votación uno sólo de los 45 diputados vote a favor y el candidato se convierte en el presidente de los asturianos. Un fraude con membrete oficial.

Repetidamente hemos sostenido desde estas líneas que en la vida institucional y política del Principado nos hemos acostumbrado a convivir con anomalías que no se dan en otros territorios, y aquí las damos por buenas al entender que la mera repetición convalida el disparate. En ningún caso es tan claro como en este, al aceptar que un solo diputado puede representar la voluntad del Parlamento, porque el resto sufre mordaza oficial.

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