Los diputados de PSOE e IU unen sus fuerzas en el Congreso para forzar un debate sobre el proyecto del Gobierno de elección de alcaldes. El asunto se tratará en la Diputación Permanente, órgano habilitado en la Cámara para resolver las cuestiones que no admiten demora durante el periodo vacacional. Los dos grupos quieren evidenciar que el Gobierno está solo, una percepción que depende de lo que cada uno entienda por compañía: contar con 186 diputados, como es el caso de Rajoy, o ir del brazo con un conjunto de minigrupos, como es el caso del PSOE. Una estrategia que ya se puso en práctica con la LOMCE, y la ley ya está en funcionamiento, aunque la consejera de Educación, Ana González, no haya querido desarrollar los programas (currículos) de las nuevas asignaturas, en último intento por rescatar a la educación pública asturiana de las garras de la reacción y el autoritarismo. Lo que hay que ver y oír.

Gaspar Llamazares, desde Oviedo, declara que el proyecto de elección de alcaldes es un golpe al sistema democrático que busca el blindaje de una mayoría ilegítima. A falta de conocer los pormenores de la norma, no entiendo por qué una mayoría basada en las preferencias de los ciudadanos es menos legítima que una organizada en torno a la negociación de los aparatos de los partidos. Quiero recordar la foto histórica de Santiago Carrillo y Felipe González dándose la mano tras los primeros comicios municipales (3 de abril de 1979), rodeados de las comisiones ejecutivas de los dos partidos (PCE y PSOE), una vez acordado el reparto de alcaldes para toda España. Llamares llamó al boicot; me hubiera gustado que reservara una iniciativa tan radical y contundente para la consulta independentista catalana, del próximo 9 de noviembre, que ha sido declarada ilegal por el Tribunal Constitucional. Boicotear las elecciones municipales españolas, que estarán regidas –en cualquier caso- por una norma aprobada en Las Cortes Generales, sería lo mismo que boicotear la democracia.

La forma de plantear el cambio de normativa, por parte de Rajoy, es censurable, por el apresuramiento y el beneficio interesado que trata de obtener. Pero la sustancia del proyecto no puede ser despachada con cuatro juicios fáciles y demagógicos, que es lo ofrecido hasta hoy por la izquierda. Sospecho que la ciudadanía no va a cerrar filas con la oposición, si el Gobierno se atreve a hablar claro y poner ejemplos clarificadores.