Dolores de Cospedal, en su condición de presidenta de Castilla-La Mancha, va bajar el IRPF para los contribuyentes que tienen rentas bajas, al colocar el tipo mínimo en el 11% (el tramo autonómico), cuando estaba hasta ahora en el 12%. Un descenso de un punto que afectar a un millón de ciudadanos. La comunidad autónoma renuncia a 50 millones de euros que quedan en manos de las economías familiares.

Ante una medida así, la izquierda reacciona con la velocidad del rayo, etiquetando la propuesta de electoral. En efecto, así es. Si no estuviéramos a ocho meses de las elecciones autonómicas lo más probable es que De Cospedal no rebajaría el impuesto. Pero no nos quedemos en las intenciones, vayamos al fondo del asunto porque hay gestos electorales positivos y negativos. Disminuir la carga fiscal favorece a muchísima gente, en este caso a un millón de personas con rentas bajas, mientras que hacer un aeropuerto en Ciudad Real, sin pasajeros ni aviones, sólo sirve para despilfarrar 1.000 millones y hundir a Caja Castilla-La Mancha (CCM). Probablemente haya dado algunos beneficios, pero de carácter particular y opaco. Como todas las actuaciones que se hacen en estas fechas tienen un sesgo electoral, no entiendo por qué la izquierda no se suma a la tendencia de las rebajas fiscales y nos da una alegría en el BOPA, además de captar un puñado de votos. Pensemos en Asturias, que tiene un tipo marginal máximo del 56%, un porcentaje que en toda Europa sólo encuentra equivalencia en Cataluña y Andalucía, por cierto, las dos regiones más saqueadas por la corrupción de toda España.

El PP asturiano pide a Javier Fernández que baje los impuestos. Hay ejemplos muy cercanos, como Galicia, y Castilla y León, que tienen un tipo máximo de IRPF del 52%, cuatro puntos por debajo de nosotros; también ocurre lo mismo en Aragón, Baleares y Castila-La Mancha. En Madrid, del 51,5%. El problema para el Principado es de tipo ideológico, al considerar que es bueno tener una presión fiscal alta que financie una Administración musculosa. Si no quiere tocar la Administración, debe mantener los tributos como están. Por eso no entiendo que el PP haya respaldado una reforma cosmética del sector público asturiano y haya aprobado unos créditos extraordinarios dedicados, en buena medida, a gasto superfluo. Ni Ignacio González ni Feijóo ni Herrera ni De Cospedal incurrieron en la contradicción de bajar impuestos y blindar la burocracia.