La reforma electoral para la elección de alcaldes será la gran novedad legislativa del curso político. Rajoy quiere acabar con el sistema proporcional que deja en manos de las minorías la investidura de los regidores. El rechazo de la oposición es radical, porque considera que el PP va a aprovechar la mayoría absoluta que tiene en el Congreso de los Diputados para cambiar unilateralmente las normas del juego cuando está a punto de empezar el partido.
El presidente del Gobierno ha hecho cálculos, y adoptando un sistema mayoritario de doble vuelta (en la primera saldría elegido alcalde el candidato que contara con el 40% de los votos y llevara un 5% de ventaja al segundo, y en caso de no darse este supuesto, los dos candidatos con más sufragios irían a una segunda vuelta, en la que el que el más votado se convertiría, automáticamente, en alcalde) retendría el gobierno en muchos ayuntamientos que pasarían a manos de la izquierda con el actual modelo proporcional. Simplificando, la reforma electoral ayudaría al PP a hacer frente a la “mareona” de la izquierda, causada por la irrupción de Podemos.
Las ideas que plantea Rajoy coinciden en gran medida con los sistemas electorales de Italia, Francia y Alemania. Con esos modelos han alternado en el gobierno la derecha y la izquierda sin que surgieran problemas. No es un sistema torticero que favorezca siempre a una opción determinada. La oposición no quiere entrar en la discusión del método, optando por el rechazo dado el oportunismo del presidente. La contrapropuesta de Pedro Sánchez fue reveladora: se compromete a discutir la reforma electoral, una vez celebradas las elecciones. Lo cierto es que la propuesta de Rajoy formó parte del programa electoral de PSOE en las elecciones de 2003 y 2007, así que en el fondo están de acuerdo con ella, pero ahora no les conviene.
VICIOS
El sistema mayoritario (corregido) con doble vuelta es una necesidad dado los vicios acumulados por el sistema proporcional, donde las minorías imponen los gobiernos y los aparatos del partido deciden por los concejales. El otro día me recordaba un amigo lo que había sucedido en el Ayuntamiento de Nava, hace unos años, con 6 concejales socialistas, 6 del PP, y uno del PAS. ¿Quién salió elegido alcalde? ¡El del PAS!, que apenas contaba con un puñado de votos, cuando lo lógico hubiera sido que los dos mayoritarios pasaran a una segunda vuelta.
El actual modelo tiene predicamento porque mantiene incólume el poder de los aparatos de los partidos, en ayuntamientos y en comunidades autónomas. Vamos a verlo con un ejemplo muy ilustrativo: la investidura de Javier Fernández. La izquierda contaba con 22 escaños y el centro-derecha con otros 22. ¿Quién decidió? UPyD, el grupo que sólo tenía un diputado, Ignacio Prendes. Si queremos ser rigurosos la verdadera decisión fue de Rosa Díez, que quería hacer “política de Estado” a costa de Asturias. Una señora de Sodupe (Vizcaya), afincada en Madrid, decidiendo el nombre del presidente del Principado, ayudada por el voto de los llamados asturianos de la diáspora, pero que en muchos casos son argentinos, chilenos o mexicanos que su única vinculación a la región es la de haber tenido un abuelo de Mieres o Valdés que emigró hace muchos años a América. Un disparate legal, pero disparate al fin y al cabo.
DEPURAR
Hay que acabar con el poder decisorio que tienen las minorías (habría que hablar de minorías muy minoritarias) y con la utilización que hacen los aparatos de los partidos del voto de los ciudadanos. Ambas aberraciones quedan descartadas dando la palabra exclusivamente a los electores. Los alcaldes saldrían elegidos en primera o segunda vuelta, pero sin que mediaran en ello las negociaciones de los aparatos del partido.
Nada de cambalaches. Prohibido los cambios de cromos: yo te elevo al sillón y tú nos das una cuota de poder. Respeto riguroso a la voluntad de los electores y, de paso, se arrincona a la figura del tránsfuga, que inviste al alcalde por unas monedas y pone al ayuntamiento a los pies de sus sucios negocios.