El Tribunal Constitucional (TC) admitió a trámite el recurso de más de 3.000 ayuntamientos contra la Reforma Local; anteriormente, ya había procedido igual con los recursos de varios parlamentos autonómicos y de varios gobiernos regionales, entre ellos el de Javier Fernández. La contestación del TC fue recibida con una gran alegría por los socialistas que la interpretan como una victoria. Es arriesgado anticipar sentencias sobre la base de decisiones favorables acordadas en los trámites previos.

La Reforma Local es una norma rodeada de enfrentamientos desde su inicio. Los primeros surgieron dentro del propio Gobierno, y también entre el Ejecutivo y los ayuntamientos del PP. Tan trabajosa fue la redacción del articulado que llegaron a manejarse cuarenta borradores. Las izquierdas, parlamentaria y municipal, la declararon propuesta no grata porque aspiraban a que Rajoy redactara una ley que diera más recursos a los ayuntamientos, de forma que el reparto competencial siguiera como hasta ahora, pero convirtiendo las competencias municipales impropias en propias, es decir con titularidad reconocida y cobertura financiera aportada por el Ejecutivo. No se sabe de dónde se puede sacar el dinero, pero el caso es hacer peticiones. Rajoy hizo justo lo contrario, no aportó un euro, y acabó con el marasmo en la gestión y con el déficit económico de los consistorios, poniendo en manos de las comunidades autónomas las competencias que antes gestionaban, de facto, los ayuntamientos. De paso, redactó una normativa estricta para forzar que las empresas municipales se privatizaran.

Aunque la ley entró en vigor al empezar el año, la pelea entre ayuntamientos e instituciones gestionadas por la izquierda con el Gobierno del PP sigue con todos los medios que tienen a su alcance: recursos ante el TC y la aprobación de normas autonómicas que señalan explícitamente que los servicios sociales van a seguir en manos de las corporaciones locales. Dejando a un lado lo que sentencie el TC, al suscitar tanta resistencia la Reforma Local es probable que los aspectos más delicados queden sin aplicación. En la actualidad, las comunidades autónomas no están en condiciones de asumir más competencias sin recibir cobertura financiera. Los ayuntamientos también están asfixiados. Conclusión: hace falta una ley que coja el toro por los cuernos y se atreva a fusionar ayuntamientos.