Jesús Gutiérrez, en nombre de la ortodoxia del partido, advierte a los candidatos a las elecciones primarias municipales que “no vale inventarse programas electorales”. El aviso no tiene desperdicio, porque el programa electoral representa el compromiso del candidato con los electores, y el contenido del mismo es de su exclusiva responsabilidad. Es más, la presentación de candidaturas sin exponer programas es una tomadura de pelo, porque significa pedir a los afiliados que extiendan un cheque en blanco al candidato, para que haga lo que le venga en gana con los apoyos recibidos. Negar libertad a los candidatos para plasmar sus ideas en forma de programas electorales es degradarlos a la simple condición de meros peones del partido. ¿Nos podría decir Jesús Gutiérrez a quién otorga el partido libertad para redactar programas electorales?

En la declaración de Jesús Gutiérrez (“no vale inventarse programas electorales”) merece la pena detenerse en lo de “inventarse”. Uno pensaba que cualquier texto que no sea copiado responde siempre a un trabajo de creación –invención-, pero en boca del número dos de la FSA el término tiene un sesgo peyorativo, así que se deduce que hay programas inventados y programas auténticos. ¿En qué se diferencian unos de otros? ¿Cuándo María Luisa Carcedo redacta los programas con que concurre el PSOE a las elecciones autonómicas hace un ejercicio de invención o de autenticidad? ¿Un programa inventado se convierte en auténtico cuando obtiene el visto bueno de Javier Fernández? ¿Deberían los candidatos a las primarias, en los distintos municipios, enviar el borrador de sus programas a la cúpula de la FSA para que extienda el “nihil obstat”?

Si a Jesús Gutiérrez le preocupara la seriedad, la limpieza y el rigor de las elecciones primarias, tendría que hacer dos cosas indispensables: facilitar a los candidatos el censo de los afiliados, para que puedan recoger el 20% de los avales, y garantizar la neutralidad del aparato en el proceso. Dos condiciones mínimas que no se cumplen. La disculpa para no dar el censo es que choca con los preceptos de la Ley de Protección de Datos, como le dijeron a José Antonio Garmón. Sin embargo para inscribirse como precandidato se exige una declaración de bienes e ingresos. Ahí no hay problemas de privacidad. De zancadillas y empujones sabe un rato Antonio Masip desde que tuvo la osadía de retar al aparato.