En la Junta General del Principado, Cuervas-Mons se interesó por el ahorro alcanzado en el sector público asturiano. El diputado del PP fue preguntando empresa por empresa, servicio por servicio, citando los entes fusionados y los suprimidos, para saber si tras dos leyes de reestructuración del sector se había producido algún tipo de ahorro. Un asunto de interés, máxime en una época de restricciones de gasto y optimización de los ingresos, como es la que nos toca vivir. La curiosidad de Cuervas-Mons quedó sin satisfacer, porque la consejera de Hacienda se negó a aportar ni un solo dato. ¿La desaparición del Instituto de Estadística significó algún ahorro? ¿La fusión del 112 y Bomberos supone menos gasto? ¿La restructuración de la RTPA permite rebajar el gasto? ¿De la fusión de la Sociedad de Turismo y Recrea se derivan ahorros? Nada. Dolores Carcedo evitó contestar a las preguntas. La consejera prefirió perderse por los cerros de Úbeda, haciéndonos creer que cuando acabe el año se podrá ver el alcance de algunas de las medidas tomadas. ¿Por qué vamos a tener una perspectiva distinta dentro de tres meses, si estamos igual que hace un año o hace dos? En ningún momento dio a entender que la bonanza de las decisiones tomadas tenga que ver con el ahorro. Tampoco supo precisar qué otro tipo de ventajas se derivarían de la reforma.

Dentro de la vacía acción del Gobierno, la reforma del sector público, con sus tres leyes, era de unas de las iniciativas principales. Una propuesta que todo el mundo asocia con la lucha contra el déficit público, como ocurre en otras regiones. Como en Asturias somos diferentes, la reorganización del sector no supone ahorro, sino un mero cambio de nombres en el organigrama del Principado. Pura cosmética. El interés de la primera ley estaba en la venta de Sedes. Tras algún intento fallido ahora ya sabemos que Sedes no se va a vender. La segunda ley estaba dedicada a la RTPA, que no sirvió nada más que para fusionar siglas sin introducir ningún cambio en la gestión. La tercera ley es meramente instrumental, un paraguas jurídico que se enviará este otoño al Parlamento. Conclusión: la nada. Ni más ahorro ni más gasto. Una reforma intransitiva.

Para salir de dudas, la diputada socialista, Marina Pineda (sector UGT) habló sin pelos en la lengua: el sector público asturiano no necesita ninguna reducción. Acabáramos: ahora sí que va a haber empleo para todos y todas.