La admisión de los recursos presentados por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional (TC) ha provocado la suspensión oficial de la campaña a favor del referéndum, aunque en la calle se produjeron manifestaciones ante los ayuntamientos con toda la parafernalia del frente independentista como si la convocatoria del día 9 de noviembre siguiera en marcha. La Generalitat y el “Parlament” han presentado sendos recursos contra la suspensión y esperan que en pocos días les conteste el TC. Primero pedían que no recurriera el Gobierno la consulta del llamado “derecho a decidir”, y como no les han hecho caso, exigen ahora a los magistrados que resuelvan en unos días, cuando tienen cinco meses de plazo. Los nacionalistas no pueden esperar porque toda su ofensiva está basada en elementos emocionales y ningún pueblo es capaz de estar tanto tiempo en éxtasis. Estamos en presencia de la clásica diferencia entre los plazos de las instituciones y las urgencias de la calle.

En el Parlamento, Mariano Rajoy ha vuelto a afirmar que la reforma de la Constitución no es una prioridad, aunque está dispuesto a discutir sobre el modelo federal que propugna Pedro Sánchez. Sobre este asunto se echa en falta que la izquierda hable con sinceridad. La independencia o, incluso, la formación de un Estado asociado no tienen encaje en un modelo federal. Por mucha retórica que se quiera añadir, el modelo federal significa que todos los territorios están en plan de igualdad, y a los nacionalistas lo que más les irrita es que se les ofrezca fórmulas basadas en el “café para todos”, la famosa frase de Martín Villa en los años de la transición, cuando la aparente desigualdad contenida en el artículo dos de la Constitución, al hablar de nacionalidades y regiones, era reconducida por el pragmático ministro de la UCD hacia la igualación de competencias por parte de las 17 comunidades autónomas, con la excepción del País Vasco y Navarra, debido al reconocimiento constitucional de sus derechos históricos.

El modelo federal sirve para establecer distancias con el Gobierno de Rajoy y para que los socialistas tengan un discurso, aparentemente, más descentralizador que el PP y más dialogante con las comunidades gobernadas por CiU y PNV, pero no sirve para contentar ni a los nacionalistas catalanes ni a los vascos. Es una pena que los constitucionalistas no estén tan unidos como los nacionalistas.