El Parlamento catalán, haciendo caso omiso de la suspensión del referéndum acordada por el Tribunal Constitucional (TC), ha elegido a los miembros de la Comisión Electoral, un organismo similar a la Junta Electoral del ordenamiento jurídico español. En la votación sólo participaron los representantes del bloque nacionalista (CiU, ERC, ICV y CUP), mientras los partidos constitucionalistas (PSC, PP y Ciudadanos) intervinieron en el debate para advertir que se trataba de una actuación ilegal, que incurre en delitos de desobediencia y prevaricación. La mayoría independentista rechazó las críticas blandiendo un informe, ad hoc, realizado por los servicios jurídicos de la Cámara.

El desafío nacionalista continúa degradando las instituciones catalanas y la convivencia en la comunidad autónoma. Todo un gobierno, como el presidido por Artur Mas, se dedica a copiar las actitudes de los quinceañeros díscolos en el aula de un centro de Secundaria. En vez de presentar los recursos que crean pertinentes ante la resolución del TC y limitarse a esperar a que se levante la suspensión que pesa sobre el referéndum, o en caso contrario, se publique la sentencia sobre la inconstitucionalidad de la consulta, se dedican a provocar, con gestos desafiantes, utilizando al Parlamento como ariete. No es una estrategia radicalmente rupturista, de total desentendimiento del ordenamiento jurídico español, sino la táctica del adolescente gamberro que trata de alterar la disciplina de la clase e irritar al profesor. Veamos tres ejemplos.

Hace diez días, los portavoces del Gobierno catalán adelantaron que Artur Mas firmaría el decreto convocando la consulta, pero dejaron velada la fecha de la rúbrica. La gracia del asunto estaba en tratar de tener en vilo a Rajoy. Segundo ejemplo: el informe de los letrados de la Cámara dando luz verde a la Comisión Electoral. La oposición pidió ver el informe y el bloque independista lo negó. ¿Se puede ocultar un informe así en el Parlamento? Por último, la firma del decreto que designa los siete miembros de la Comisión Electoral va a retrasarse, según los portavoces de CiU. Se hace la gamberrada de elegir a los inelegibles pero se evita el flagrante delito de firmar el decreto. Estamos ante una farsa, que deja a las instituciones democráticas a la altura del barro. A los quinceañeros díscolos hay que castigarlos, porque en caso contrario se adueñan del aula.