IU ha anunciado una serie de enmiendas a las leyes de Buen Gobierno y Transparencia que elevan el nivel de exigencia. Los altos cargos no podrán tener sueldo del partido (pobre PP); los responsables políticos que participen en consejos de administración de empresas no podrán recibir ingresos por dietas; se retira el blindaje en los contratos (los privilegios del Idepa); cualquier regalo por encima de los 100 euros debe ir a la Administración (¡aquellos “Audis” cargados en Navidad!); el presidente y los consejeros no podrán estar más de dos mandatos (alguno ya había tenido que dimitir dos veces); las subvenciones por encima de los 10.000 euros tienen que pasar por la plantilla de la Ley de Transparencia (los socialistas ponían el límite en 50.000 euros), etcétera. Las enmiendas de IU configuran una Administración en línea con los patrones suecos. Por su parte, UPyD tiene perfiladas sus propuestas que irán en la misma onda que las de IU.

No creo que la Ley de Transparencia y la Ley de Buen Gobierno susciten gran curiosidad en la sociedad. Por más que los diputados asturianos se empeñen en discutir de estas cosas, hay otras materias más urgentes. Ahora bien, una vez metidos en harina, lo más sensato es hacer una norma exigente dada la mala opinión que tiene el público sobre la forma de proceder de los políticos que se hace extensiva al resto de la Administración. Si Javier Fernández creía que con estas leyes ampliaba su menguado bagaje de gobierno, ahora ya sabe que el acuerdo con IU y UPyD tiene un precio.

Principado y grupo parlamentario socialista deben elegir entre mantener un proyecto de escasa ambición, que sólo sirve para quitar óxido a los usos del Gobierno y las inercias de la Administración, y para ello deben orientar sus iniciativas hacia el PP, o aceptar el reto de unos códigos de conducta novedosos e incómodos para quien gobierna, y en esa clave aprobarán la norma con IU y UPyD. Un nuevo acuerdo PSOE-PP es muy incómodo para Javier Fernández, que en todo caso debe reservar esa carta para el presupuesto o los créditos extraordinarios, y estrechar lazos con los minoritarios conlleva aceptar demasiada transparencia y unas excesivas dosis de buen gobierno. En el fondo del debate está el fracaso de la Ley del Presidente, cuando el PSOE se echó atrás y decidió mantener un modelo de investidura único en la UE: con el sólo voto del aspirante a presidente, el candidato se corona. Llegó la revancha.