Las enmiendas presentadas por Ignacio Prendes a las leyes de Buen Gobierno y Transparencia están en línea con las registradas por IU. El diputado de UPyD propone que los cargos públicos no puedan recibir un segundo sueldo del partido, que sólo se puedan hacer inauguraciones de obras cuando estén acabadas (las repetidas ceremonias inaugurales del Huca), que no se pueda pasar directamente de la poltrona oficial al sillón de la empresa privada, que todo ente, cuyos ingresos provengan en el 40% de la Administración, deba aportar toda su documentación jurídica y económica al Principado. Y por último, en un gesto oportunista: Prendes exige que los altos cargos del Principado no puedan pagar gastos de representación con tarjeta. Abramos un paréntesis: los que tenemos una cierta edad recordamos cómo en los años ochenta del siglo pasado el hombre fuerte de la región se hacía acompañar de un alto ejecutivo financiero que pagaba sus zamarras de cuero con la visa oro de la entidad. ¿Todo tiempo pasado fue mejor? Paréntesis cerrado.

Las dos leyes –Buen Gobierno y Transparencia- convierten sus textos amables en articulado conflictivo por la vía de las enmiendas de la oposición. Puede jugar Javier Fernández a ser el líder del centro-izquierda aceptando las peticiones de los grupos minoritarios, lo que le daría una mínima pátina reformista, algo de lo que carece a menos de ocho meses de los comicios. La otra alternativa es bailar con el PP, llenando el texto de palabras vacías que apenas encierran compromisos. Es evidente que elevar el listón de las exigencias en la forma de gobernar y en la transparencia de las actuaciones no puede llegar de la mano de los que hasta ahora gobernaron con opacidad y hermetismo. No es un juicio de intenciones, es la dialéctica de la sociedad: los derechos de las mujeres se amplían cuando los hombres pierden el monopolio del discurso, los derechos de los trabajadores avanzan cuando los sindicatos ganan peso, y las instituciones públicas son más permeables cuando los mayoritarios se ven forzados a aceptar las demandas de los minoritarios.

La pelota está en el tejado del Gobierno, que puede optar por cerrarse en banda, como hizo con la Ley del Presidente (toda la Cámara se abstiene, y el candidato a presidente se vota a sí mismo, y queda convertido en presidente por decisión de la Cámara. Un caso único en Europa), o por preparar las instituciones para un nuevo tiempo político.