La propuesta de Ignacio Prendes de constituir inmediatamente la comisión de investigación sobre el “caso Villa” ha despertado suspicacias en el resto de grupos parlamentarios. Consideran que el diputado de UPyD juega a erigirse en campeón de la transparencia y que busca protagonismo a costa del trabajo de investigación de la comisión. No hay motivos para el recelo, ya que cualquier otro grupo podría hacer la misma propuesta que Prendes. El problema real es otro: la comisión para investigar la relación entre los fondos mineros y la fortuna de José Ángel Fernández Villa la votaron los cinco grupos, pero no todos están interesados en tirar de la manta, ya que más de uno prefiere pasar de puntillas sobre la gestión realizada en la época de esplendor de la pantera de Tuilla. Si la comisión de investigación suscitó el consenso es porque todos saben que no hay posibilidad alguna de realizar el trabajo con un mínimo de rigor en el tiempo que queda de legislatura. El mes de enero está englobado bajo la etiqueta de vacaciones navideñas para los diputados, aunque el resto de mortales trabajemos con normalidad, y en marzo se disuelve la Cámara con la convocatoria de las elecciones autonómicas. En resumen, menos de tres meses para estudiar dos planes de la minería, 1998-2005 y 2006-2012. Una materia inabarcable.

Desde el 9 de octubre, día en que se supo que el ex secretario general del Soma se había acogido a la amnistía fiscal para regularizar 1,4 millones de euros, hasta hoy, el fenómeno de la corrupción se ha dimensionado aún más en nuestro país. Ya no se habla de la crisis económica ni de la caída de la bolsa, porque las noticias no paran de dar cuenta de políticos que se hicieron con dinero de forma ilegal. Desde el alcalde Barcelona hasta el presidente de la Diputación de León, pasando por el número dos de Esperanza Aguirre. No terminamos con las tarjetas opacas y ya estamos con el 3% de las comisiones por obras. A más escándalo, mayores soflamas impostadas de los líderes políticos hablando de tomar medidas ejemplares. No fueron capaces de poner ante la Justicia a ningún miembro de sus propios partidos y ahora pretenden ser convincentes con sus arengas regeneracionistas.

En ese clima, organizar un paripé con el “caso Villa” en el Parlamento supone entregar la batuta de mando a Podemos. Con la credibilidad por los suelos, los políticos del establecimiento deben tener mucho cuidado con lo que hacen.