La regularización de 300.000 euros, acogiéndose a la amnistía fiscal, por parte de José María Postigo, expresidente de la mutualidad minera, llegó precedida de tres años de rumores sobre la gestión del dirigente del Soma. El propio Postigo hizo saber en 2011 que había recibido anónimos acusándole de adjudicaciones ilegales, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y ocultación de bienes. Para justificar la persecución, blandió el discurso de la honestidad y la defensa de los intereses de la mutualidad, que para algunos sería intolerable, lo que generó una corriente de sentimientos adversos hacia su persona.

De las especulaciones a las realidades. La gestión de Postigo está sometida al trabajo de una comisión de investigación, dentro de la mutualidad, que revisa todos los procedimientos administrativos que pudieran encubrir un fraude, irregularidad o acto ilícito, incluyendo la adjudicación de las obras del geriátrico de Felechosa. Por si esto fuera poco, la Agencia Tributaria realiza una inspección fiscal. A esa labor comprobatoria hay que añadir el hecho de que Postigo se haya acogido a la amnistía fiscal, una modalidad de legalizar dinero que en el mundo sindical sólo cuenta con el precedente de José Ángel Fernández Villa. En realidad, si nos atenemos a la secuencia de los hechos, no cabe hablar de precedente, porque ambos hicieron conjuntamente la gestión en la Delegación de Hacienda, con la pequeña diferencia que Villa heredó de su madre 1,4 millones, y Postigo todavía no nos aclaró cómo llegaron a sus manos los 300.000 euros. Un amigo mío, que es muy mal pensado, me dijo que ambas cantidades podrían tener el mismo origen, achacando el desigual reparto a la distinta jerarquía sindical, porque, según me decía, Villa era cinco veces más importante que Postigo. Yo creo que eso es hablar por hablar, ganas de sembrar cizaña. Pronto Postigo, que siempre se ha movido por la pureza de los sentimientos y la honestidad, nos sacará de dudas.

El Soma parece decidido a echar a Postigo del sindicato. A este paso, los expulsados pueden formar un sindicato de agraviados. La gota que colma el vaso es el recurso a la amnistía fiscal, un trámite completamente legal, pero que el Soma abomina porque supone la percepción de dinero por un conducto ilegal. Tampoco es exacto: se hace una quiniela a medias, se guarda el dinero debajo del colchón, y a esperar al amigo Montoro.