El lunes se constituye la comisión de investigación parlamentaria del “caso Villa”. Nunca respondió tan rápido el Parlamento a un estímulo. Imagino que el paso del tiempo irá aportando nuevos datos que tendrán que incorporarse al trabajo de la comisión. La vida por delante de las instituciones. Verbigracia, si la comisión se hubiera formado hace quince días nadie se acordaría de José Antonio Postigo y, sin embargo, su gestión será ahora objeto de un análisis riguroso.

Una de los primeros pasos consistirá en decidir la lista de personas llamadas a declarar. Se hacen ya quinielas y en todas están Javier Fernández, Álvarez Areces y Graciano Torre. No hace falta decir que a Villa le está reservado el papel estelar. Las cosas no están como para que el grupo parlamentario socialista trate de evitar la presencia de sus dirigentes. Javier Fernández es el líder del PSOE y su relación con Villa, durante muchos años, fue más que estrecha. Álvarez Areces y Graciano Torre gestionaron fondos mineros, así que también es pertinente su asistencia. Se espera de los tres que colaboren con los comisionados y no volvamos a ver actuaciones propias de objetores de conciencia. El planteamiento de los socialistas en la comisión Niemeyer fue un error de bulto. La imagen del Parlamento debe quedar preservada y los primeros en contribuir a ello deben ser los representantes institucionales. Ahora bien, aunque todos colaboren, si el exsecretario general del Soma no se presenta –y no se va a presentar- la comisión de investigación quedará en un intento fallido.

Conviene no perder de vista el objetivo de la comisión. Su papel no es la búsqueda de delitos. No puede ser un sucedáneo de la Fiscalía Anticorrupción ni una terminal de la Agencia Tributaria. Si encuentran algo que pueda ser delictivo deben ponerlo en manos de la justicia. Las comisiones de investigación parlamentarias dilucidan responsabilidades políticas. Esta vez el problema estriba en que los elementos que motivan la comisión de investigación son todos presuntamente delictivos. Tal como están las cosas es mucho más urgente el trabajo de la Fiscalía Anticorrupción que el de la comisión de investigación. Seguro que en la aplicación de los fondos mineros hubo muchas irregularidades. Sirva como ejemplo de desmadre que en el último plan de la minería se iban a invertir 2.880 millones y al final sólo se gastaron 917. Dudo que ahí esté la clave del “caso Villa”.