IU pide la dimisión de Esther Díaz por ser copropietaria de una empresa (Davelco) que tiene relaciones con la Consejería de Bienestar Social y Vivienda a través de una subcontrata. Supongo que la consejera considerará indecente la petición de IU, como consideró indecente la noticia de EL COMERCIO explicando el vínculo de la consejera con Davelco, y la participación de la empresa en la construcción del geriátrico de Riaño, adjudicado por la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, de la que es titular Esther Díaz. Sin embargo, somos muchos los que consideramos indecente que un cargo público obtenga retornos económicos de las obras que promueve en el desempeño de su función. Tiene razón Aurelio Martín (IU), Esther Díaz debe dimitir. No es de recibo que en la situación económica que atraviesa Asturias, un consejero de Gobierno considere normal tener una empresa que trabaja en la órbita de la propia Administración a la que representa. Es una cruel ironía que esta problemática afecte a la consejera de los pobres y necesitados.

Si Esther Díaz no dimite, le corresponde al presidente del Principado apartarla de su función. Para un gobernante tan poco dado a hacer cosas, como Javier Fernández, cesar a un miembro del Ejecutivo supone un trabajo ímprobo. La alternativa es reafirmarla en el puesto, que es la mejor manera de decir que le parece bien que Esther Díaz cobre por gestionar los servicios públicos de la tercera edad y vuelva a cobrar por construir infraestructuras para la tercera edad. Hasta la fecha, el presidente ha evitado referirse al problema, pero desde Madrid, donde ha acudido en calidad de conferenciante (Fernández es el único presidente autonómico que fue más veces a la capital de España a dar conferencias que a entrevistarse con ministros y altos cargos), deslizó unas frases sibilinas, “en la política no basta con ser legal. No todo lo que puede hacer un político está recogido en el Derecho”. ¿Las dijo pensando en la consejera y Davelco? Imposible saberlo. Sin embargo, el Consejo de Gobierno del Principado, presidido por Fernández y donde toma asiento Esther Díaz, aprobó la Ley de Buen Gobierno e Incompatibilidades de Altos Cargos, donde se recoge que es incompatible ser consejero del Principado y tener más de un 10% del accionariado de una empresa que subcontrata con otra que tiene vínculos directos con la Administración. La ley no recoge excepciones.