El mismo día que Esther Díaz presentaba su dimisión como consejera de Bienestar Social y Vivienda, Mercedes Fernández informaba del acuerdo presupuestario entre el Gobierno y el PP. Si el abandono de la consejera suponía un golpe muy duro para la credibilidad del Ejecutivo socialista, ya que la salida del Gobierno estaba vinculada a la relación de la Administración con las empresas que participan en sus obras, la publicitación del acuerdo sobre las cuentas representaba un apoyo impagable que otorgaba Cherines a Javier Fernández. En los momentos de zozobra se ve quienes son los verdaderos amigos.
Conocidas las andanzas de Davelco, Aldaco, etc., la valoración sobre el régimen de incompatibilidades de altos cargos no puede ser la misma que hasta ahora. Vista la mayoría absoluta que planea sobre el Parlamento es momento de comprobar cómo distribuyen los recursos el nuevo eje de poder, PSOE-PP, en Asturias. Dos cuestiones muy importantes que obligan a sacar las oportunas conclusiones.
CAMBIAR LA LEY
La Ley de Buen Gobierno nace muerta si no se introducen modificaciones. Visto lo visto, no es admisible mantener que un miembro del Ejecutivo, sea consejero o director general, pueda tener el 10% de las acciones de una empresa que acuda a concursos de la Administración, o resulte beneficiada por las adjudicaciones de la misma, bien sea de forma directa o a través de una subcontrata o prestación de servicios. Los altos cargos no pueden mantener intereses en sociedades mercantiles que participen en obras de la Administración o en la gestión de servicios públicos. Esta incompatibilidad tiene que incluir también a empresas participadas por cónyuges, padres, hijos o hermanos del alto cargo.
La misma consideración debe regir para todos los funcionarios que tengan algún poder de información o decisión en la relación de la Administración con las empresas privadas. La desconfianza de la ley sobre el proceder del político o alto funcionario tiene que ser máxima y así el régimen de incompatibilidades y los controles preceptivos evitarán obtener beneficio a quien está en condiciones de procurárselo.
Se puede endurecer el sistema de incompatibilidades para los miembros del poder legislativo. A lo mejor es bueno recortar la capacidad de disposición de un diputado que mantiene participaciones empresariales. Pero hay que distinguir claramente entre los altos cargos de la Administración y la función parlamentaria. Faustino Blanco gestiona 1.500 millones de euros, Ana González decide sobre 750 millones y Esther Díaz lo hacía sobre 400 millones. El diputado más influyente no mueve un euro entre Administración y empresas. Cualquiera que siga la incesante información sobre corrupción podrá comprobar que los grandes protagonistas son gobiernos y altos funcionarios, bien sea a escala nacional, autonómica o local. De la gestión del presupuesto cuelgan las manzanas que le da Eva a Adán o Adán a Eva. Así ocurre en Japón y en Jaén.
Lo ocurrido con Davelco muestra una vez más cómo no se puede esperar nada de los gobiernos. Desde el Principado se conocía la relación de Esther Díaz y su marido con la empresa, pero no hicieron nada por impedir la participación de la misma en las obras impulsadas por la Consejería de Bienestar Social. No cabe argüir que al presidente del Principado le parecía bien todo lo acontecido, porque en cuanto EL COMERCIO publicó los datos, a Esther Díaz le hicieron el vacío desde el propio Gobierno hasta que se vio forzada a dimitir. Callar y ocultar está en la lógica de los gobiernos, desvelar y denunciar va en contra de sus intereses. Hay que cambiar la ley.
AGRAVIO
Segunda cuestión, la orientación presupuestaria de la mayoría parlamentaria, PSOE-PP, que manda en la región. La consejera de Hacienda y Mercedes Fernández llegaron al acuerdo presupuestario en un periquete. Estaban de acuerdo en todo, salvo la discrepancia sobre el IRPF. Ambos partidos comparten intereses y están obligados a entenderse. La santa alianza del bipartidismo se apoya en el odio a Foro y el temor a Podemos. La inquina a Foro fue la responsable de que PSOE y PP estuvieran unidos en la oposición al Gobierno de Cascos, que apuntalen juntos al Gobierno de Javier Fernández -dada la escasa nómina de diputados socialistas-, y que mantengan la entente después de las próximas elecciones cuando Podemos haya desembarcado en el Parlamento.
¿Y para qué sirve la santa alianza del viejo bipartidismo? Una rápida mirada a las cifras del presupuesto nos da la respuesta: practicar el inmovilismo. Los presupuestos de 2015 actualizan las partidas del presupuesto de 2013 y mantienen las constantes de los créditos extraordinarios de 2014. Todo igual. La cenicienta del presupuesto es la inversión, que cada vez es más baja: 426 millones en 2012, 364 millones en 2013, y 330 millones en 2015. De esta forma quieren relanzar la economía regional. Crece el gasto corriente, porque los chiringuitos no se tocan. Y el mapa municipal se divide en concejos amigos y enemigos. El trato a Gijón raya en la provocación al destinarle el 2% de la inversión y dejar a 690 familias sin recursos fuera del plan contra la pobreza infantil. El presupuesto del agravio.