El proyecto de Ley de Buen Gobierno e Incompatibilidades de Altos Cargos ha llegado a la Junta General del Principado en el momento en que conocíamos la actividad empresarial de Esther Díaz. En un ambiente de tensión y críticas, tras conocer la participación de algunas de sus empresas en la construcción de las obras del Principado, la consejera de Bienestar Social y Vivienda se convirtió en exconsejera. Lo ocurrido con la política dimisionaria debería servir para que se elevara el nivel de exigencia de la norma. No es de recibo que pueda contratar con la administración una empresa que tenga en su accionariado a un alto cargo, con tal de que no posea más del 10% del capital. Ni diez ni uno. Los miembros del Gobierno no pueden ser contratistas o subcontratistas del propio Gobierno. No es una cuestión de cantidad (porcentaje), sino de calidad. O se gobierna o se hacen negocios, no se pueden simultanear ambas actividades.

Estábamos haciéndonos esta composición de lugar cuando comprobamos que el texto confeccionado por la Consejería de Presidencia camina en la dirección contraria. Si la normativa actual prohíbe que un exconsejero tenga relación en su actividad privada con los expedientes gestionados cuando formaba parte del Gobierno, ahora resulta que no se dice nada. Si la ley estatal prohíbe que la empresa de un alto cargo contrate con las administraciones públicas, el proyecto del Ejecutivo de Javier Fernández sólo mantiene la incompatibilidad con la propia Administración del Principado. El régimen de sanciones está desperdigado en el articulado del proyecto y no se regula correctamente cómo se procede en caso de infracciones muy graves por parte del presidente del Gobierno y de los consejeros.

La oposición no puede limitarse a retocar un texto que es duramente criticado por los letrados de la Cámara. Hay que darle la vuelta hasta dejarlo irreconocible, tanto por cuestiones de forma como de fondo. El PP tiene que dejar de ser el “partido detergente” de las manchas del Principado y ejercer como oposición, que es lo que quiere su electorado. El pasteleo, la abulia, la obsesión por llevar la contraria a Foro, no pueden convertir un texto infumable en ley. Muchas veces hemos criticado la escasa producción legislativa de la Junta General del Principado, pero es mucho mejor funcionar con un vacío legal que trabajar con una aberración jurídica. La pelota está en el tejado de Mercedes Fernández.