La ira del Gobierno por las informaciones de EL COMERCIO sobre la peripecia empresarial de Esther Díaz, y su forzada dimisión, originó un intento de extender la condena sobre los grupos de la oposición, y para ello nada mejor que buscar un cabeza de turco de Foro, grupo que concentra la animadversión del presidente asturiano. El plan consistía en que el diputado José Antonio Martínez y la empresa Cook jugaran el papel de Esther Díaz y Davelco. Un intento artificioso, porque Martínez es un diputado de oposición que no gestiona ningún presupuesto, mientras Esther decidía todos los años sobre el destino de 400 millones de euros. No era ese el único obstáculo para el plan de Javier Fernández. En el año 2011, el letrado mayor de la Cámara realizó un informe sobre incompatibilidades de diputados en el que destacó que no hay ningún motivo que les impida contratar con la Administración. El Gobierno blandió dos informes de Hacienda para echar a las tinieblas a Antonio Martínez. Aprovechado, tramposo, torticero: el ruido ensordecedor de las vuvuzelas de los cortesanos.

En ese punto tomó la palabra Mercedes Fernández, la diputada más pro-socialista de toda la oposición, y al finalizar la junta de portavoces preguntó al letrado mayor si se mantenía en sus tesis. El alto funcionario afirmó y argumentó: en las comunidades autónomas que tienen legislación propia sobre la materia, se rigen por ella; no se tiene en cuenta ninguna normativa estatal, y menos, aún, cualquier disposición de una mera instancia administrativa, como un órgano de Hacienda. Resultado: Martínez puede contratar con el Principado. Toda la maniobra se viene abajo. El error de Cherines (otra dirigente obsesionada con Foro) fue tremendo y el patinazo de Javier Fernández es histórico.

En la misma reunión de portavoces, los socialistas asumieron el varapalo que les da el mismo letrado mayor en el informe sobre la Ley de Buen Gobierno e Incompatibilidades, redactada por la Consejería de Presidencia, donde fallan desde los preceptos hasta la sintaxis. Durante meses alardeó el Principado de su norma de buen gobierno y, al final, va a recibir tratamiento de residuo sólido. En treinta años de gobiernos autonómicos jamás se alcanzó un nivel tan alto de incompetencia. Última muestra: la Consejería de Presidencia pasa una nota informando que Esther Díaz no podrá estar en el próximo pleno por “motivos de agenda” ¡Arrea! Qué tropa nos gobierna.