Todos los grupos de la oposición presentan múltiples enmiendas a la Ley de Buen Gobierno e Incompatibilidades de Altos Cargos. Hay un amplio consenso sobre la pésima calidad del texto remitido por el Gobierno en el que se juntan desde faltas de ortografía y aberraciones sintácticas hasta ausencias inexplicables que desfiguran el sentido de una norma pensada para elevar la exigencia de los comportamientos democráticos de los representantes institucionales. Las observaciones realizadas por el letrado mayor de la Cámara, en su informe, son compartidas por los distintos portavoces parlamentarios. Hay un principio de mínimos que mantienen todos los grupos de oposición: no dejar de prohibir lo que ya estaba prohibido en la actual ley.

Los cuatro partidos (Foro, PP, IU y UPyD) introducen en el texto del Gobierno la necesidad de vetar los blindajes en los contratos de alta dirección (la Administración no debe sufrir ninguna penalización por prescindir de personal de confianza), la prohibición de pagar sobresueldos (no se admiten salarios del partido cuando se cobra de las instituciones), el rechazo a la práctica de las puertas giratorias (nadie puede transitar directamente de la poltrona oficial al puesto directivo de una empresa privada), la imposibilidad de cobrar dietas por asistencia a los consejos de administración (basta con cobrar el sueldo correspondiente al cargo, sin necesidad de endulzarlo con complementos), y la prohibición de usar medios públicos en las actividades privadas (los coches, teléfonos y ordenadores oficiales no admiten uso familiar). Sorprende que estas propuestas no hayan sido introducidas en la ley por el Ejecutivo, como tampoco resulta fácil de explicar que el propio Gobierno del Principado haya remitido al Parlamento un proyecto donde se permiten determinadas prácticas que con la actual legislación están vetadas. ¿Cómo interpretar el comportamiento del Ejecutivo socialista?

Sólo hay dos opciones. O Javier Fernández considera que La Ley de Buen Gobierno debe ser más laxa, más condescendiente con el comportamiento de los cargos públicos, o la norma está redactada por unos incompetentes, por unos adictos al sistema de copia y pega que no se fijan en lo que atrapan ni reparan donde lo estampan. Aunque nos extrañe, creo que estamos en presencia de la segunda opción: gente mediocre y desmotivada haciendo leyes para todos.